Iglesias realizó estas declaraciones en su primera comparecencia ante la comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara Baja, donde expuso las líneas fundamentales de su departamento.

Según avanzó, entre sus prioridades destaca la puesta en marcha de "un plan de choque para la dependencia", que contemple un fuerte aumento de la financiación.

A su juicio, la aprobación de dicha norma en 2006 supuso "un hito importante", pero siempre se ha visto mermada por la insuficiencia de fondos, que se agravó con los recortes de 2012, algunos de los cuales "aún hoy no han sido revertidos completamente".

A día de hoy, en España hay 1,4 millones de personas a las que se les ha reconocido algún grado de dependencia, apuntó, pero "unas 265.000 siguen sin percibir las prestaciones que les corresponden por derecho".

Señaló que el Gobierno se ha comprometido a "reducir la lista de espera un 75% durante toda la legislatura", así como a aumentar el "nivel mínimo" (corespondiente al Estado) de financiación para el sistema de Dependencia. En la actualidad, las Comunidades Autónomas asumen más del 80%.

Todo esto requiere un aumento de financiación, admitió, que deberá recogerse en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Como referencia, Iglesias citó el incremento de 830 millones de euros para los servicios de dependencia que contemplaba el proyecto de PGE de 2019, "que lamentablemente no se llegó a aprobar".

Según Iglesias, esta política "tendrá además un fuerte impacto en la creación de empleo", lo que generará "importantes retornos fiscales".

Asimismo, destacó los beneficios en cuanto a igualdad de género de dichas medidas, "ya que la gran mayoría de las cuidadoras familiares son mujeres".