Proposición no de ley

Ciudadanos propone rebajar un 60% el IRPF a los habitantes de municipios despoblados

- Fía al control de la calidad y la competencia leal de los alimentos importados que los precios agrarios puedan competir

MADRID
SERVIMEDIA

El grupo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados registró este viernes una proposición no de ley de impulso del sector agrario que, entre otras cosas, contempla "reducir el IRPF un 60% a todas las personas que vivan, con residencia habitual y efectiva, en los municipios en riesgo de despoblación".

Ciudadanos rechaza poner precios mínimos a los productos agrarios y "criminalizar" a las cadenas distribuidoras, y en su lugar apuesta por asegurar que "los productos agroalimentarios compiten en igualdad de condiciones" con los importados, que deben producirse "bajo los mismos estándares de calidad y seguridad alimentaria". Para ello, enfatiza que la información de las etiquetas debe ser clara al respecto.

De los precios, sólo encomienda a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que garantice el cumplimiento de los plazos de pago y que "ninguna de las partes de la cadena alimentaria" imponga un "sobreprecio a los sucesivos productos". Subsidiariamente, apuesta por facilitar cauces de denuncias anónimas de abusos e impulsar el comercio de proximidad para evitar gastos en intermediarios.

Frente a la despoblación, además de la mencionada reducción del IRPF, Ciudadanos proponer una tarifa superreducida de 30 euros durante dos años y la exención de cuotas durante tres años para aquellos autónomos de estas zonas que tengan hijos; un “Plan de choque contra la brecha digital", facilitar el relevo generacional en explotaciones agrarias, y estudiar reducciones en los sistemas de módulos de los sectores que han sido afectados por situaciones excepcionales.

El portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal, dijo comprender a los agricultores enfadados al vender por debajo de los costes, pero lo achacó a que “el Gobierno no ayuda al campo”. Así, lamentó que no se haya impulsado la modernización de la producción al nivel de la de las distribuidoras y que, en lugar de reconocer culpas, se la echen a uno solo de los eslabones de la cadena, para distinguir buenos y malos.

“Quieren seguir en política de trincheras sin reconocer su inacción”, lamentó, acusando al presidente, Pedro Sánchez, de “criminalizar” a los distribuidores mientras el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, no recibe a las patronales agrarias, mientras se plantea una subida del diésel que perjudicará al sector y se eleva el salario mínimo, cosa que él dijo defender, pero sin “contrapesos” en favor de los perjudicados.

Bal pronosticó que “la fijación de precios va a venir sola” cuando se controle la igualdad de condiciones y la competencia desleal. “No podemos fijar precios artificiales, eso sería compartir la política de aranceles. Los precios se tienen que corresponder con la realidad, lo que hay que garantizar son los márgenes de beneficios”, estableció, arremetiendo contra las “políticas populistas y demagógicas que ignoran que, si tú pones aranceles, te los ponen a ti”.

(SERVIMEDIA)
14 Feb 2020
KRT/mjg