Así lo ha denunciado Hurtado en una entrevista a Servimedia con motivo del lanzamiento de ‘El manual del silencio’ (Planeta), un libro que según su autor no busca ser una “terapia” sino abrir el debate para que la sociedad deje de ser “hipócrita” y actúe de forma “adulta” ante un problema que es mayor de lo que parece.

Según Hurtado, “hasta la fecha, ni el PSOE, ni Podemos, ni el Ministerio de Justicia están sensibilizados” con las demandas de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, y se muestra “muy descontento” con la Ley de Infancia, que el propio vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Iglesias, denomina como ‘ley Rhodes’, en homenaje al pianista británico James Rhodes, víctima de violación por un profesor y quien, según Hurtado, “es al que más han escuchado”.

Para Hurtado, el Gobierno ha desoído propuestas de las víctimas eclesiales, como en lo que respecta a los plazos de prescripción del delito. Según el autor del libro, estudios realizados a 4.500 víctimas de la Iglesia en Australia apuntan a que las víctimas denuncian, de media, cuando cumplen los 44 años y la Ley de Infancia española contemplaría que las víctimas rompen su silencio cuando alcanzan los 30 años, por lo que el delito prescribiría entre cinco y 15 años después.

“El Gobierno va a hacer una reforma teóricamente para acabar con la impunidad que no va solucionar el problema”, pues los casos seguirán prescribiendo.

“Desde luego, la ley no refleja y no representa a las víctimas de pederastia clerical. Además, literalmente, porque la ley incluye cómo prevenir los abusos en la escuela, en la familia, en instituciones deportivas y no menciona la Iglesia. Lo que deberían de hacer, si son honestos, es cambiar el nombre de la ley y poner ley integral contra la violencia infantil y entre paréntesis excepto a la Iglesia”, protesta.

Esta víctima del ‘germà’ Andreu de Montserrat también advierte al Ejecutivo de Sánchez que las víctimas de pederastia eclesial no van a tolerar “una reforma de chichinabo” y que lo vendan como una de las “reformas ambiciosas”. “Si hacen reformas descafeinadas lo denunciaremos”, indicó.

DERECHOS HUMANOS

Pero, además de pedir acciones a los políticos y una “mayor implicación” de las administraciones públicas para que dejen de tratar el asunto como algo “interno” a la Iglesia sino como una “vulneración de los derechos humanos ante la que el Estado tiene mucho que decir”, el autor de ‘El manual del silencio’ también reclama “un primer paso” a los obispos: “Dejar de negar la realidad y afrontar lo que ha sucedido”. Y, después, añade, reflexionar sobre “qué respuesta” se da a las víctimas, para quienes el sufrimiento “no es pasado”.

Ante ese sufrimiento, las necesidades de las víctimas de los abusos en el ámbito eclesial son diversas. “Muchas víctimas necesitan el reconocimiento de lo que ha pasado” por parte de su entorno y que “no intenta barrer la porquería bajo la alfombra”. “La forma adecuada es decir que ha habido un abuso, una asimetría de poder, que la víctima no ha tenido la culpa y no tiene que sentirse avergonzada de lo sucedido, que fue dañino, perjudicial y que en estos casos tiene que existir una actitud de escucha y de apoyo y que no fue correcto que las comunidades católicas reaccionaran intentando silenciar este tipo de casos”, explica, apuntando a que, en las víctimas de abusos en la Iglesia “hay un elemento de traición espiritual que no sucede en otro tipo de abuso”.

Hurtado, que en su adolescencia se planteó incluso ser sacerdote, pide a los obispos españoles que reaccionen “de forma temprana”, ser proactivos”, que no piensen que el problema va a desaparecer o “que es una campaña de los medios y que las aguas se van a calmar”. Para ello, urge a “un cambio de mentalidad” y que sean “lo suficientemente humildes” para escuchar recomendaciones como las que hizo en 2015 la ONU: “Denunciar automáticamente a la justicia civil, cesar a obispos encubridores, compensar económicamente a las víctimas, entregar archivos canónicos internos con la documentación de los casos que han ocurrido durante décadas y hacer ‘lobby’ a favor de leyes de protección a la infancia en cuestiones como aumentar los plazos de prescripción del delito”.

“Ya hay buenas recomendaciones que pueden implementar, lo que pasa es que no están por la labor”, agrega, apuntando a que, al menos, “lo último que se ha hecho medio bien” en la Iglesia española es la creación independiente por parte de los Maristas, que podría conllevar una resolución de indemnización. “Lo que pasa es que el escándalo estalló en 2016 y estamos en 2020. Llega tarde”, y provoca que según el ámbito católico en el que se hayan producido los abusos haya “víctimas de primera y de segunda”, porque unas tendrán una reparación económica y otras “que recen por ti”.