Así lo dijo la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó el real decreto que suprime el apartado d. del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, que permite despedir “por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los 12 meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses”.

Este precepto legal señalaba que no se computarán como faltas de asistencia, entre otras, las ausencias que obedezcan a un tratamiento de enfermedad grave ni las faltas por enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de 20 días consecutivos.

La ministra señaló que este artículo era una “anomalía española”, porque en otros países del entorno no existe, y defendió que con ello se pretende “reparar derechos de trabajadores que hoy pueden sentirse tranquilos”.

Díaz incidió en que “había y hay alarma social” sobre la posibilidad de despedir “cuando estamos más vulnerables”. “A partir de hoy, el Gobierno de España impide que las personas más vulnerables puedan, no sólo ser despedidas, sino que han de ser protegidas”.

Los sindicatos CCOO y UGT venían reclamando su derogación después de que se conociera una sentencia del Tribunal Constitucional que avalaba un caso de despido amparado en este artículo, mientras que la patronal CEOE propuso la mejora del sistema sanitario para que las altas se den antes y se espere menos tiempo a las pruebas médicas.

Se trata de la segunda medida laboral que adopta el Ministerio de Trabajo, después de acordar con los agentes sociales la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 900 a 950 euros mensuales este año, y en el primer mes de Gobierno desde que Yolanda Díaz tomara posesión de su cargo.

Además, es una de las medidas recogidas en el acuerdo programático entre el PSOE y Unidas Podemos que conforman los aspectos a derogar de la reforma laboral de 2012.