Así lo indicó la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado el proyecto de ley de este impuesto para enviarlo a tramitación al Congreso de los Diputados. La menor recaudación respecto a lo previsto en 2019, explicó la ministra, se debe a la ralentización de la economía.

Esos 968 millones de euros coinciden con la previsión de recaudación que previó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en 2018 de cara a 2019.

Según explicó la ministra, el impuesto gravará con un tipo del 3% a las empresas con ingresos anuales de 750 millones de euros a nivel mundial y que tengan ingresos superiores a tres millones de euros en España. Los servicios a los que se aplicará este impuesto serán los de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.

Además, Montero explicó que su liquidación será trimestral, pero que, de forma excepcional en este primer ejercicio que estará en vigor, se retrasará el pago al menos hasta el 20 de diciembre con el objetivo de esperar a que se alcance un acuerdo global en el seno de la OCDE y el G20 y también permitir que las empresas tengan tiempo para adaptarse al nuevo tributo y hagan frente al impuesto en un único pago.

La ministra destacó que la creación de esta figura impositiva responde a la necesidad de “avanzar en un sistema fiscal más justo” que recoja “nuevas áreas de actividad” y que adapte la fiscalidad a la globalización. “No se puede tener un Estado del Bienestar con un sistema tributario caduco”, aseguró, para a continuación agregar que, de la misma manera que existen nuevas oportunidades de negocio, “es necesario que la fiscalidad se mueva en esta misma dirección”.

En esta línea, también señaló que el impuesto sirve para “evitar competencias desleales” de estas empresas a las que afecta el tributo respecto a la economía tradicional, “que sí tienen un traje a medida en la fiscalidad tradicional”.

Asimismo, destacó la vocación del Gobierno de que se avance a nivel internacional para alcanzar un consenso sobre este impuesto, y declaró que este proyecto a nivel nacional, “sirve de avanzadilla” para ir en esa dirección.

En cuanto a si el Gobierno teme represalias por parte de Estados Unidos como respuesta a que sus empresas se vean afectadas por este tributo, Montero negó esta posibilidad, señalando que “las relaciones con Estados Unidos son fluidas” y que este país conoce la intención de España. “Lo importante es seguir aportando en ese nivel internacional”, agregó.