Lo hicieron en un encuentro que mantuvieron en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores González Laya y responsables de la Coordinadora de ONGD, que agrupa a más de 450 organizaciones de la sociedad civil.

En ese encuentro, la ministra observó que existe un “margen para profundizar y ampliar” la colaboración de la Cooperación Española con las ONGD en la protección de los activistas en defensa de los derechos humanos.

“Vamos a intensificar nuestro trabajo tanto en la promoción de derechos civiles y políticos como en relación con aquellos defensores perseguidos por su activismo en materia medioambiental, sexual o étnica, entre otros”, dijo la ministra.

También se comprometió a impulsar un “programa de fortalecimiento del papel de los defensores de derechos humanos y sus organizaciones, y seguiremos trabajando para poner fin a las causas últimas de las violaciones sistemáticas de estos derechos allá donde se produzcan”.

La ministra subrayó que las ONGD son “actores fundamentales” para la Cooperación Española, invitando a su coordinadora a que juegue un “papel importante en la creación de alianzas y la incorporación de nuevos actores a la cooperación en el marco de la Agenda 2030”.

En 2019, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) destinó 68,6 millones de euros a ONGD, en torno al 30% de sus recursos disponibles. A esta cifra hay que añadir que la mayor parte de la financiación de comunidades autónomas y entidades locales (cerca de 150 y 70 millones respectivamente en 2016) financia iniciativas de estas organizaciones.

La ministra y los responsables de la Coordinadora coincidieron en señalar el “profundo compromiso” de la ciudadanía española con la solidaridad internacional y la capacidad de las ONGD para canalizar esta solidaridad.

Según datos de la Coordinadora, el 93% de la población española apoya la cooperación, y más de 2,4 millones de personas y entidades apoyan a las ONGD con aportaciones económicas o con su tiempo.

Los responsables de la Coordinadora de ONGD y la Ministra también han intercambiado pareceres sobre qué mecanismos administrativos serían más convenientes para poder incorporar a las ONGD a los proyectos de gestión de fondos de la UE que ejecuta la Aecid.