Los magistrados requieren a la Consejería que remita el expediente administrativo con las instrucciones que dictó el pasado 29 de agosto y ordena crear una pieza separada para resolver si se aplican medidas de suspensión cautelares, tal y como solicita el Gobierno.

La Comunidad, por su parte, cuenta con un plazo de 10 días para exponer lo que estime oportuno sobre esta petición. Una vez recibida la respuesta, el TSJ se pronunciará sobre estas medidas cautelares en los cinco días posteriores en un auto del que será ponente la magistrada María Consuelo Uris, presidenta de la sala.

Así lo establece la Ley de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, cuyo artículo 130 dispone que previa valoración de todos los intereses en conflicto, esa medida cautelar podrá acordarse “únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso”. La resolución de admisión a trámite puede ser recurrida.

Fuentes del Gobierno murciano han asegurado a Servimedia que hasta las 17.00 horas de este miércoles no habían recibido comunicación oficial de la admisión a trámite del recurso del Gobierno central.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, anunció ayer la presentación del recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra las resoluciones de la Consejería de Educación y Cultura de la Región. El texto del Ejecutivo ha sido admitido a trámite tras comprobar que no había ningún defecto de forma en la redacción de la Abogacía del Estado.

Educación ha solicitado, con carácter de urgencia, la adopción de medida cautelar consistente en la suspensión de las instrucciones recurridas, tras finalizar ayer el plazo de un mes del requerimiento que el Ministerio remitió a Murcia para que la Consejería de Educación retire el control parental.

El llamado 'pin parental' fue impulsado por Vox y consiste en una autorización de los padres para que el alumno pueda participar en actividades organizadas por el centro educativo, cuando tengan contenido que afecte a cuestiones morales, sexuales o de conciencia.

La ministra señaló el pasado viernes, respecto a las actividades que se pretenden controlar a través de la autorización paternal, que “no son voluntarias o extraescolares". "Estamos hablando de actividades complementarias, curriculares, obligatorias y evaluables y eso configura el tronco del currículum, de obligado conocimiento para el alumno", señaló.