Así se recoge en la Declaración de Estocolmo, aprobada en la III Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial, clausurada este jueves en la capital sueca y que contó con la participación, entre otros, del director general de Tráfico de España, Pere Navarro.

La Dirección General de Tráfico (DGT) envió hace meses al Ministerio del Interior un real decreto para que se reduzca el límite genérico de velocidad de 50 a 30 km/h en las calles de un carril por sentido o de un único sentido de circulación, pero tal reforma no pudo ponerse en marcha el año pasado al encontrarse el Gobierno en funciones.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, manifestó este lunes en el Congreso que su departamento pretende aprobar esa reforma en esta legislatura.

La Declaración de Estocolmo, a la que tuvo acceso Servimedia, muestra la "gran preocupación" por el hecho de que los accidentes de tráfico matan a más de 1,35 millones de personas al año -más del 90% de esas muertes en países de bajos y medianos ingresos-, son la principal causa letal de niños y jóvenes de 5 a 29 años y que se proyecta que las muertes y las lesiones por este motivo asciendan a 500 millones en todo el mundo entre 2020 y 2030.

Esas proyecciones, añade el texto, "constituyen una epidemia y una crisis que pueden prevenirse y que evitarlas requerirá de un compromiso político más significativo y una mayor acción a todos los niveles en la próxima década".

SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Por ello, los delegados exhortan a los países a que "ayuden a reducir las muertes por accidentes de tráfico en al menos un 50% entre 2020 y 2030", y a que adopten medidas concretas para ello.

Así, exigen "una velocidad máxima de 30 km/h en zonas donde los usuarios vulnerables de la carretera y los vehículos se mezclan de forma frecuente y planificada, excepto cuando existan pruebas sólidas de que las velocidades más altas son seguras".

"Los esfuerzos por reducir la velocidad tendrán un efecto beneficioso en la calidad del aire y el cambio climático, además de ser vitales para reducir el número de víctimas mortales y heridos por accidentes de tráfico", añade el texto.

La Declaración de Estocolmo insta a que todos los vehículos producidos y vendidos en 2030 estén equipados con "niveles adecuados de seguridad" y se ofrezcan incentivos para ello, y a los poderes públicos a que "adquieran servicios de transporte y vehículos seguros y sostenibles", y animen en este sentido al sector privado.

También defiende que se acelere el cambio hacia "modos de transporte más seguros, limpios, eficientes energéticamente y asequibles", y se promuevan "mayores niveles de actividad física, como caminar y andar en bicicleta".