Según informó el Ministerio que dirige Díaz, por una parte, se reducen de 35 a 20 las peonadas exigidas a los trabajadores agrarios “tras la constatación de un descenso de la producción del olivar, unido a las dificultades que han supuesto los aranceles impuestos por Estados Unidos a este sector, junto al elenco climatológico como agravante”.

El Ministerio reconoció que estas circunstancias han repercutido en “una disminución del empleo” en el sector agrario en Andalucía y Extremadura, lo que ha reducido el número de jornadas cotizadas, que son un requisito para acceder al subsidio por desempleo.

Por ello, desde el gobierno se consideró que “se cumplen las condiciones para regular la reducción del número mínimo de jornadas necesarias”.

Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó incluir en el decreto por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura, pesca y alimentación, el mecanismo de conversión de contratos temporales de trabajadores eventuales agrarios en contratos indefinidos, que incluye a los trabajadores fijos discontinuos.

Éste ya estaba establecido en decreto de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral aprobado en marzo del año pasado.

En virtud de esta medida, las empresas que transformen contratos temporales con trabajadores pertenecientes al Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios del Régimen General de la Seguridad Social, incluidos los fijos discontinuos, podrán bonificarse la cuota empresarial por contingencias comunes, distinguiéndose su cuantía en función del encuadramiento del trabajador y de la modalidad de cotización (mensual o por jornadas reales trabajadas). Además, dicha bonificación será mayor en el caso de la conversión de contratos de las trabajadoras agrícolas.

El objetivo es “tratar de incentivar que el trabajo en el campo sea más estable y, en la medida de lo posible, combatir la eventualidad y el carácter temporero del trabajo agrario”, según Trabajo.

Por último, el departamento de Díaz también aprobó modificar el acceso de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los alojamientos y locales de descanso, puestos a disposición de los trabajadores agrarios por parte de la empresa, ubicados fuera de los centros de trabajo o lugares donde se ejecuta la actividad laboral, para “combatir algunas de las extremas condiciones que se están dando en algunos lugares de trabajo”.

La Inspección podrá entrar y revisar las condiciones de estas viviendas, aunque se encuentren fuera del lugar de trabajo.

El Ministerio defendió que el cambio normativo es “totalmente respetuoso con la inviolabilidad del domicilio” porque no altera la necesidad de consentimiento expreso de las personas que habiten en el mismo o la autorización judicial, y que “va en la línea de garantizar unas condiciones laborales dignas y reforzar la idea del trabajo decente”.

Con esta medida se buscar dar respuesta a la reciente denuncia del relator de Naciones Unidas sobre la situación de “extrema pobreza” de los eventuales agrarios.