De esta manera, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez no sólo ha conseguido que la Cámara Baja valide sus objetivos de estabilidad para diseñar las cuentas públicas de este ejercicio, sino también para el próximo, cumpliendo con los plazos marcados por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Constitución Española en lo que respecta a la presentación del proyecto de Presupuestos.

En concreto, los objetivos de déficit y deuda fueron aprobados este jueves por el apoyo de 168 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Teruel Existe y PRC), frente a 150 votos en contra (PP, Vox, Ciudadanos, Junts per Catalunya, CUP, UPN y Foro Asturias) y 19 abstenciones (ERC, Bildu y BNG).

Pero además de los objetivos de estabilidad, el Gobierno también ha informado sobre el límite de gasto no financiero, el techo de gasto, tanto de 2020 como de 2021, lo que ha provocado que, durante el debate, la diputada María Elvira Rodríguez, haya acusado al Ejecutivo de ocultar el límite de gasto de 2021.

De esta forma, el Congreso ha validado el acuerdo que el pasado 11 de febrero tomó el Consejo de Ministros, que aprobó un techo de gasto de 127.609 millones de euros para 2020, lo que supone un 3,8% más respecto al de 2019 (122.899 millones), y un objetivo de déficit para este ejercicio del 1,8% del PIB, así como un techo de gasto de 131.437 millones de euros para 2021, lo que supone un 2,99% más respecto al fijado para 2020. Los objetivos de estabilidad quedarán aprobados definitivamente cuando pasen por el Senado, Cámara en la que al PSOE le basta con los apoyos de los mismos grupos que han votado a favor hoy en el Congreso.

Así, una vez estén en vigor oficialmente, el Gobierno ya tendrá colocada la primera piedra sobre la que elaborar el proyecto de Presupuestos de 2020, que espera aprobar a lo largo del verano, pero también para el de 2021, cumpliéndose por primera vez desde las cuentas de 2017 los plazos para presentar el proyecto presupuestario.

En concreto, el artículo 30 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que el Ministerio de Hacienda debe informar al Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el techo de gasto antes del 1 de agosto del año anterior.

Por otro lado, el artículo 15 de la misma ley fija que el Gobierno debe aprobar en el primer semestre del año, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, los objetivos de estabilidad presupuestaria, esto es, de déficit y deuda, así como el techo de gasto, y que para ello debe remitir las respectivas propuestas al Consejo de Política Fiscal Financiera antes del 1 de abril.

Por último, el artículo 134 de la Constitución Española establece que el proyecto presupuestario debe presentarse al Congreso de los Diputados antes del fin de septiembre del ejercicio anterior, plazo que se ha incumplido de forma recurrente en los últimos ejercicios.

SENDA

En concreto, la nueva senda de estabilidad fija unos objetivos de déficit del 1,8% para 2020, 1,5% en 2021, 1,2% para 2022 y 0,9% en 2023, frente al déficit del 0,5% en 2020 y superávit del 0,1% en 2021 que fijó el PP en abril de 2018 en la senda que está vigente actualmente.

Por administraciones, la nueva senda establece unos objetivos de déficit para las comunidades autónomas del 0,2% en 2020, 0,1% en 2021 y equilibrio presupuestario desde 2022, tal y como aprobó el pasado viernes el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Para la administración central, la meta es del 0,5% en 2020, del 0,4% en 2021, 0,3% en 2022 y 0,1% en 2023. En cuanto a la Seguridad Social, el objetivo es que obtenga un déficit del 1,1% este año, del 1% en 2021, del 0,9% en 2022 y del 0,8% en 2023. Por último, para las corporaciones locales se mantiene el objetivo de equilibrio presupuestario que ya han registrado en los últimos años.

En cuanto a la deuda pública, los objetivos son del 94,6% sobre PIB para 2020, 93,4% en 2021, 91,7% en 2022 y 89,8% en 2023. Estos objetivos también suponen flexibilizar la senda marcada por el PP en 2018, ya que fijaba un 92,4% para 2020 y del 89,1% en 2021.

Por administración, el objetivo de deuda para la Administración Central y la Seguridad Social es del 69,2% en 2020, 68,6% para 2021, 67,7% en 2022 y 66,6% en 2023. Para las comunidades autónomas, la meta es del 23,4% este año, 22,8% en 2021, 22,1% en 2022 y 21,4% en 2023; mientras que para las corporaciones locales el objetivo será del 2% en 2020 y 2021, del 1,9% en 2022 y del 1,8% en 2023.

Además, en lo que respecta a la tasa de referencia de crecimiento, también conocida como regla de gasto, el Gobierno la fija en el 2,9% en 2020, 3% para 2021, 3,2% para 2022 y 3,3% en 2023.