En un comunicado, señaló que "aunque los Estados tienen derecho a controlar sus fronteras, este control siempre debe de hacerse en el marco del respeto de los derechos humanos y sin uso excesivo y desproporcionado de la fuerza".

Ante la suspensión del derecho de asilo anunciada por el Gobierno griego, CEAR resaltó que "no existe base legal en la normativa europea e internacional para suspender este derecho y justificar devoluciones en contra del “principio de no devolución” establecido en la Convención de Ginebra de 1951.

Además, apuntó que se han documentado casos de falta de respuesta en el rescate de embarcaciones en el mar Egeo. Según CEAR, "la situación límite a la que se ha llegado es una de las consecuencias del acuerdo UE-Turquía firmado en el año 2016.

"Turquía es el país del mundo en el que viven más personas refugiadas, muchas de las cuales se encuentran en graves situaciones de desprotección", y exigió a la UE "asumir su responsabilidad y no focalizar únicamente su política en la externalización de fronteras". De hecho, "ni siquiera Grecia puede tomar de forma autónoma la decisión de suspender las peticiones de asilo", destacó.

Esto va en contra del tratado de funcionamiento de la UE, donde se establece que “si uno o varios Estados miembros se enfrentan a una situación de emergencia caracterizada por la afluencia repentina de nacionales de terceros países, el Consejo podrá adoptar, a propuesta de la Comisión, medidas provisionales en beneficio de los Estados miembro afectados. El Consejo se pronunciará previa consulta al Parlamento Europeo”.