Su demanda tiene lugar después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminase esta semana que dicho indicador podría ser abusivo si no se comercializó con la transparencia exigible y dejaba en manos de los tribunales su evaluación, caso por caso.

El Defensor desvela haber recibido más de 200 quejas vinculadas a este indicador y recuerda que ya recomendó al Gobierno en 2017 que eliminase el IRPH como índice oficial de referencia en las hipotecas para compra de viviendas protegidas

En opinión del organismo, el establecimiento de una solución extrajudicial “podría evitar el colapso de los tribunales de justicia ante la previsible oleada de reclamaciones” y beneficiar además también “a aquellos ciudadanos que no se pueden permitir acudir a la vía judicial para reclamar su anulación”, el reintegro de las cantidades pagadas indebidamente y la sustitución por otro índice más favorable.

El Defensor del Pueblo eleva a “en torno al millón” los potenciales afectados, conforme a distintas valoraciones, en el escrito enviado a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa en el marco de una actuación de oficio, y pese a no existir datos oficiales sobre los préstamos hipotecarios que están referenciados al IRPH.

Cuando en octubre de 2017 aconsejó al Gobierno eliminar el IRPH como índice oficial de referencia para las viviendas de protección oficial propuso su sustitución por el Euribor u otro índice oficial, a fin de corregir los efectos de cláusulas potencialmente abusivas.

Esta recomendación fue rechazada. No obstante, el Defensor del Pueblo indicó hoy que ha vuelto a reiterarla ahora al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana.