Así lo expresaron a Servimedia fuentes de las organizaciones CECU, OCU y Facua, que coinciden en la importancia de que el Ministerio de Consumo atienda sus peticiones como entidades expertas en la defensa de los intereses de todos los consumidores.

Desde la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), aprovecharon esta efeméride para reclamar la aprobación de un plan estratégico plurianual de protección al consumidor que “favorezca” la recuperación de su “confianza” en el mercado e incluya instrumentos “eficaces” de educación y formación, así como de “resarcimiento” en caso de ver “vulnerados” sus derechos.

Junto a ello, también demandaron al departamento de Garzón la promulgación definitiva de una Ley de Atención al Cliente Consumidor que garantice la “efectividad y calidad” de este tipo de servicios o propuestas de mejora en el etiquetado de los productos.

La organización exigió, además, el diseño de actuaciones que "eleven" la protección del derecho a la salud y a la seguridad de los consumidores respecto de los productos de uso cotidiano y la “necesaria definición” del concepto de consumidor vulnerable.

Como miembro de las organizaciones de consumidores internacionales BEUC y Consumers International, también estimó “prioritario” prevenir información engañosa sobre alimentos, proteger a los menores de la publicidad de aquellos “poco saludables” o “garantizar” que sean “seguros y sostenibles”.

Asimismo, subrayó la necesidad de garantizar un “alto nivel” de protección de datos personales o implementar sistemas de reclamación “efectivos” para los ciudadanos europeos así como impulsar procedimientos de reparación colectiva “eficientes” en todos los Estados miembros o fomentar el consumo “responsable y sostenible”.

Un tipo de consumo que, según el presidente de CECU, Fernando Móner, persigue aumentar la eficiencia de los recursos y el comercio justo mientras se ayuda a "aliviar" la pobreza y permitir que “todos disfruten de una buena calidad de vida con acceso a alimentos, agua, energía, medicamentos y más”.

“Pero para poder consumir de forma responsable, los consumidores necesitan información clara y veraz”, señaló, al tiempo que destacó la importancia de trabajar para “reducir la confusión acerca de cómo comprar de manera sostenible”, una opción que debería ser “fácil y accesible”.

FRAUDES

Otra de las reclamaciones de las asociaciones de consumidores es la lucha contra los fraudes masivos, tal y como manifestó el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, quien solicitó a Consumo que se dote de “competencias sancionadores” para aplicar multas “ejemplarizantes” ante los fraudes masivos así como de “medios suficientes” para desarrollar “acciones eficaces” de control del mercado.

En este sentido, OCU pide al Ejecutivo el “endurecimiento” de las sanciones por infracciones y fraudes de consumo y procedimientos “eficaces” de reclamación así como una mejora de las acciones colectivas en los casos de fraudes masivos para impedir que a las empresas “les salga más barato pagar una multa que cumplir la normativa”.

Entre las medidas a adoptar, la asociación de consumidores también reiteró la importancia del “impulso” al bono social, la reducción de las listas de espera en sanidad, la regulación de las plataformas online y la nueva economía, los incentivos fiscales al alquiler, la creación de una agencia de protección en el ámbito financiero, el desarrollo de estrategias para incentivar al “ciudadano sostenible” o alternativas para “combatir” la obsolescencia prematura.