Así lo indicaron en un comunicado después de que ayer la Casa Real emitiera un comunicado en el que Felipe VI anunciaba su renuncia a la futura herencia que le pudiera corresponder de su padre y de que se le retirara al rey emérito la asignación próxima a los 200.000 euros anuales que le correspondía a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

Gestha considera que el comunicado de Zarzuela “convierte las sospechas de que Juan Carlos I haya manejado fondos opacos en indicios racionales de haber cometido un delito contra la Hacienda Pública”.

Por ello, los técnicos sostienen que la Agencia Tributaria tiene “el deber inexcusable de abrir una investigación al rey emérito, como haría con cualquier otro contribuyente, para evitar incurrir en una dejación de funciones”, y demostrar así que no existe ningún “escudo fiscal” para proteger a la familia Real.

Asimismo, desde Gestha recuerdan que ya lamentaron en septiembre de 2018 que el informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) enviado al juez en torno a las declaraciones del IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio y Bienes en el extranjero del rey emérito, “fuera tan simple como para afirmar que, de la información analizada, el rey emérito no figuraba como titular de cuentas en Suiza y no investigara ninguna de estas presuntas propiedades y cuentas millonarias”.

Además, los técnicos de Hacienda remarcan que el rey emérito podría haber incurrido en infracciones tributarias muy graves e incluso, además de un posible delito de fraude fiscal agravado, podría determinarse un presunto delito de blanqueo si se acredita que desde su supuesta cuenta en Suiza existen reembolsos a terceros que previamente han pagado parte de sus gastos personales e inversiones.

En este sentido, Gestha destaca que la presunta falta de declaración de los bienes en el extranjero, los supuestos 100 millones de la fundación panameña recibidos de Arabia Saudí, llevaría a conformar un presunto delito fiscal en el último ejercicio no prescrito administrativamente, el IRPF de 2015.

Por otra parte, los técnicos de Hacienda entienden que también deberían investigarse “las responsabilidades de todas las personas que pudieran estar implicadas, tanto por su posible colaboración en la comisión de los supuestos delitos como por no haber denunciado estos hechos a pesar de haber estado al corriente de las supuestas actuaciones de Juan Carlos I”.

Finalmente, Gestha reconoce el gesto de Felipe VI y pide a la Agencia Tributaria que actúe “con la misma determinación que el monarca”, y señala “la conveniencia de que todos los miembros de la familia del rey hicieran públicas sus declaraciones de bienes en el extranjero en un ejemplo de transparencia que zanjara cualquier especulación o implicación este caso o en el futuro”. Sobre este punto, el sindicato recordó que en 2013 se conoció la existencia de tres cuentas en Suiza de la herencia que Juan de Borbón, padre de Juan Carlos I, dejó a sus tres hijos en 1993 con un saldo total de 728,75 millones de pesetas, o la implicación de algunos de sus miembros en las cuentas secretas desveladas en mayo de 2016 en los papeles de Panamá.