En un comunicado, los sindicatos destacan que el paquete de medidas aprobado por el Gobierno “va en la buena dirección, supone un enorme esfuerzo de recursos públicos, requiere de la corresponsabilidad de las empresas y debe completarse para proteger a los colectivos más vulnerables”.

Para las dos organizaciones, “la prioridad absoluta en este momento es que se frene la expansión del virus y que se recuperen las personas afectadas y, en lo laboral, evitar despidos y garantizar rentas a quienes se vean afectados por la crisis”.

En ese terreno, ambas organizaciones manifiestan su apoyo al Gobierno y al conjunto de instituciones en cuantas medidas tengan que tomar para detener esta pandemia.

Junto a la petición de prohibición de dividendos y bonus si la situación se alarga, los sindicatos instan a que se vinculen las medidas de flexibilidad interna que se pudieran ir aprobando a la prohibición de otros mecanismos de ajuste como despidos o no renovación de contratos temporales.

Además, defienden que la necesidad de liquidez no es exclusiva de las empresas porque muchas de las familias con todos sus miembros en el desempleo, o las que sufran los recortes

salariales en estos momentos siguen teniendo que abonar cuotas hipotecarias, alquileres y suministros básicos.

En este sentido, consideran que se deberían establecer moratorias, exenciones o prorrateos de estos pagos para las personas afectadas por esta crisis al menos en los próximos tres meses.

Asimismo, piden medidas que favorezcan a los trabajadores que se vean en la necesidad de cuidar a personas dependientes -como consecuencia de la paralización de algunas actividades-, facilitándoles la conciliación y corresponsabilidad, la adaptación de jornada o una prestación económica mientras dure la contingencia.

Para ambas organizaciones resulta fundamental también proteger a los colectivos más vulnerables tales como las empleadas del hogar, que están desprotegidas tanto en términos de salud como de extinción de contrato, sin poder percibir prestación alguna.

También la población de nacionalidad extranjera, que pueden ver cómo pierden su permiso de residencia por la extinción de sus contratos, por lo que pide protegerles y seguir manteniendo los sistemas de asilo y ayuda humanitaria, sin paralizarlos.

Por último, solicitan medidas para las personas trabajadoras que se emplean por obra y servicio, que ven cómo son extinguidos sus contratos ante la parada de producción de las empresas, y los trabajadores que se emplean por medio de una agencia de trabajo temporal o de una empresa multiservicios, con el fin de asegurarles prestaciones por desempleo y el empleo cuando acabe esta coyuntura.

De la misma manera, concluye que estas medidas se deberían aplicar a los temporeros de la agricultura de la industria agroalimentaria, y los trabajadores de temporada de la hostelería y la restauración, que verán perdidos sus empleos.