Según expone el grupo proponente, "una democracia avanzada y moderna debe asegurar a la ciudadanía su pleno derecho de la libertad de expresión y tomar como ejemplo otros países de larga tradición democrática, como los Estados Unidos de América, en el que su derecho constitucional considera que la quema y otros actos de sacralización de la bandera norteamericana están protegidos, en tanto que se consideran muestras de libertad de expresión".

Para ERC y EH Bildu, que tienen grupo conjunto en el Senado, "el Estado español debe superar estas censuras que tipifican como delitos la quema de banderas o la injuria a la Corona desde un concepto de sacralización de la imagen del Rey y de su familia".

Además, la propuesta cita dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra España. Una, de 2011, dejó establecido que “el interés de un Estado en proteger la reputación de su propio jefe de Estado, no puede justificar la concesión a éste de un privilegio o una protección especial contra el derecho a informar y a expresar las opiniones sobre él”.

La otra, de 2018, observó que “una pena de prisión impuesta por un delito cometido dentro del marco del debate político, en lo que representa la mayor reprobación jurídica de un comportamiento, constituye una injerencia en la libertad de expresión, que no es proporcional al objetivo legítimo perseguido, ni necesaria en una sociedad democrática”