Así se pronunciaron los representantes de las organizaciones que forman parte del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) en la reunión mantenida con la directora general de Consumo, Bibiana Medialdea, en el marco de la ronda de contactos que vienen manteniendo, junto a su presidente Carlos Ballugera, desde el inicio de esta crisis.

En cuanto a medidas concretas, las organizaciones consideraron “insuficiente” la moratoria hipotecaria propuesta en sus actuales condiciones y reclamaron la fijación de un plazo mínimo de seis meses al que los bancos deben comprometerse, más allá de las ampliaciones que luego puedan negociar con sus clientes.

Además, exigieron que se simplifiquen los trámites y la documentación exigida para agilizar el acceso a la moratoria de las familias con problemas así como establecer pagos fraccionados para la devolución de esos aplazamientos de modo que no pongan “en riesgo” la capacidad adquisitiva de los usuarios.

Con respecto al alquiler de vivienda y el problema de los desahucios, se mostraron a favor de llevar a cabo acciones combinadas de aplazamiento de los pagos, aumentando y definiendo el plazo de la moratoria, así como de ayudas directas al arrendatario destinadas al alquiler, según los casos.

Viajes y alojamiento

Por lo que respecta al sector de viajes y alojamiento, insistieron en la necesidad de adoptar medidas que tengan en cuenta la variedad de empresas que desarrollan su actividad en él, “especialmente” en el caso de los viajes combinados. Así, defendieron la devolución de las cantidades comprometidas, pero también la alternativa de los bonos para futuros viajes o devoluciones posteriores, como forma de crédito para las pequeñas agencias pero siempre que se haga con la “suficiente seguridad jurídica” y que la patronal del sector “garantice” los derechos adquiridos por los usuarios en caso de quiebra de compañías.

Junto a ello, las organizaciones hicieron hincapié en la urgencia de atender a la seguridad de las comunicaciones electrónicas, evitando tanto las ofertas fraudulentas en la red como las prácticas delictivas asociadas a supuestos mensajes de las entidades bancarias, que buscan capturar los datos de los usuarios, hacerse con sus números de cuenta y tarjeta o instalar virus en sus ordenadores.

Finalmente, incidieron en la conveniencia de ampliar el concepto de consumidor vulnerable teniendo en cuenta la situación socioeconómica general de las personas pero también la “vulnerabilidad sobrevenida y futura” que va a traer como consecuencia esta crisis económica ligada a la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

Las organizaciones del CCU manifestaron también su preocupación por otros aspectos como la aplicación del derecho de desistimiento en pleno estado de alarma; la adopción de medidas de flexibilización, protección y garantías para los consumidores en relación al endeudamiento generado por los créditos al consumo y tarjetas como las revolving o la necesidad de mantener y potenciar los sistemas arbitrales y de resolución extrajudicial de conflictos.

Por otro lado, trasladaron su inquietud sobre el control de precios y la garantía de suministros básicos; la falta de atención al cliente o la utilización para esa atención de números no gratuitos por parte de algunas empresas (901) o la propuesta de medidas específicas de ayuda para los consumidores y usuarios de la España vaciada.