Además, la Fiscalía Superior se inhibe en favor de la Fiscalía de Valladolid en relación a lo sucedido en la Casa de la Beneficencia.

Según la denuncia del Defensor del Paciente, presentada el pasado 21 de marzo, en la Casa de la Beneficencia de Valladolid existía un elevado número de contagiados por el coronavirus y había detectado falta de personal, de medios de protección y de recursos para afrontar la crisis, lo que ya habría provocado una docena de fallecimientos.

La fiscal superior de Castilla y León decide no iniciar una investigación penal en tanto no reciba los atestados levantados por la Policía o la Guardia Civil en los que se compilen datos de actuaciones negligentes o dolosas en los centros residenciales de mayores o personas con discapacidad. Advierte, además, que las investigaciones que pudieran emprenderse corresponderían a las fiscalías provinciales.

La fiscal superior, Lourdes Rodríguez Rey, recuerda que la Fiscalía no tiene competencias en materia sanitaria ni tampoco los recursos para una investigación policial, por lo que está pendiente de los atestados policiales para decidir si abre una investigación.

Insiste también en que la investigación de las residencias no puede ser “prospectiva”, es decir, no se puede llevar a cabo de manera generalizada en busca de delitos sin que existan indicios de comportamientos irregulares respaldados por indicios fiables y por el momento el ministerio público no tiene conocimiento de “hechos que revistan caracteres de delito”.