El Consejo General, que representa a 46 colegios de toda España y a unos 10.000 agentes que el pasado año intervinieron en más de 350.000 operaciones, alegan que existe un “vacío en la norma legal” que pone en entredicho los derechos y facilidades a los que pueden acceder los APIs, en el contexto actual que se está viviendo a causa del coronavirus.

“Dada la premura con que se ha elaborado la normativa, han quedado vacíos legales que perjudican a determinadas actividades, entre ellas la de agente de la propiedad inmobiliaria, que ve imposible el desarrollar su trabajo habitual”, explica el presidente del Consejo, Gerard Duelo.

Las agencias de la propiedad inmobiliaria o APIS prestan servicios de mediación, asesoramiento y gestión en transacciones de bienes inmuebles, en relación con operaciones de compraventa, alquiler, permuta o cesión de los mismos.