Según indicaron a Servimedia fuentes gubernamentales, el acuerdo incluye, por un lado, la suspensió́n de lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, hasta seis meses después a la finalización del estado de alarma. También una prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.

Además, se permite que todos los inquilinos que entren en zona de vulnerabilidad se acojan a microcréditos, sin coste de intereses ni comisiones, que se podrán devolver en 6 años. Si pasados esos 6 años no se han devuelto, se habilitará un plazo adicional de 4 años más.

Paralelamente, se amplían las condiciones de acceso de inquilinos a los programas de microcréditos, siendo menos restrictivas que en el resto de casos en los que se usa el concepto de “hogar vulnerable” (moratoria de hipotecas, bono social...). En este caso se permite que se acojan todas las personas paradas, ERTE, reducciones de jornada y autónomos que no lleguen al límite de tres veces el Iprem (incrementado por hijos y dependientes a cargo).

En el caso de grandes tenedores y fondos de inversión, los inquilinos se beneficiarán o bien de una quita de la deuda del 50%, o bien de una reestructuración de dicha deuda en dos/tres años. En todo caso, estos inquilinos siempre podrán acogerse a las líneas de crédito del ICO.

Finalmente, aquellos hogares que no puedan afrontar el pago de los microcréditos dispondrán de ayudas directas del Estado para saldar su deuda con el ICO. La cuantía de la ayuda podrá llegar hasta un importe máximo de 900 euros al mes y hasta el 100% del principal e intereses del préstamo suscrito, y de 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos.