Los sindicatos denunciaron en un comunicado que la compañía presionó durante todo este lunes al comité de empresa del centro “para que aceptase la apertura de la planta, contraviniendo la ley en España”.

“Las presiones por parte de la dirección danesa y española fueron enormes, así como las amenazas y las coacciones. Finalmente, ante la resistencia del comité a incumplir la ley y a dejar a sus compañeros y compañeras a los pies de los caballos, la dirección modificó levemente su estrategia e intentó arrancar un acuerdo para sostener la actividad con personal voluntario”, explican las centrales mayoritarias.

CCOO y UGT añaden que avisaron a los trabajadores que si atendían a solicitudes manifiestamente ilegales, asumirían posibles sanciones y comunicaron lo sucedido al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo “para tratar de poner freno a un atropello contra la salud de las trabajadoras y trabajadores”.