Según la responsable de Política Interior de AI España, Virginia Álvarez, "las autoridades no deben esperar a que se produzca un contagio en estos lugares, sino anticiparse y tomar medidas para proteger a todas las personas sin discriminación", en especial a aquellas que pertenecen a grupos de riesgo.

"Los derechos de migrantes y refugiados no pueden quedar congelados en un momento de pandemia", prosiguió, sino que "el Estado debe protegerlos y cumplir con lo que ha prometido desde el inicio de la crisis: no dejar a nadie atrás".

Por otro lado, AI volvió a denunciar "el hacinamiento" en el CETI de Melilla, que alberga ahora mismo a 1.753 personas, el triple de su capacidad, segun la ONG. Dice que esto pone en riesgo la salud de quienes están en él, pues resulta imposible "cumplir de forma diligente con los protocolos y las recomendaciones de Sanidad".

El CETI de Ceuta "está algo más desahogado" tras los recientes traslados a la península, pero es asimismo imposible garantizar el distanciamiento adecuado en él, agregó AI. Por ello, pidió acelerar los trámites de traslado de estas personas, sobre todo de aquellos que "pueden sufrir las peores consecuencias de la pandemia, bien por vulnerabilidades físicas, bien por vulnerabilidades sociales", e instó al Ministerio de Sanidad a coordinarse con Interior para garantizar el acceso a la salud de todos ellos.