Así lo reivindicó Martínez durante su comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso, para informar sobre el Proyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal conforme al artículo 49 de la Constitución Española.

En el transcurso de su alocución, Martínez emplazó “no solo a sacarla adelante cuanto antes, sino también con el mayor consenso posible”, convencida de que dicha reforma “no es solo la reforma que necesitan las personas con discapacidad de hoy”. “Es también la reforma que necesitan las personas que están naciendo hoy, que están naciendo ahora y que van a vivir en un país más longevo, más diverso y también más exigente en derechos”, advirtió, al tiempo que indicó que se trata de “la reforma que nos prepara para los retos de futuro”.

Tras puntualizar que esta reforma va a “condicionar y orientar” las políticas públicas desde la perspectiva de los derechos de las personas con discapacidad “en las próximas décadas”, la secretaria de Estado aseveró que se trata de “una reforma de país que va más allá del ámbito de aplicación estricto de ambas leyes”, convencida de que, “en los últimos años”, en España se han “dado pasos importantes en materia de discapacidad”.

“Aún así, los avances no eliminan de un día para otro las barreras cotidianas que siguen enfrentando más de 4 millones de personas con discapacidad en nuestro país. Y es este contraste entre lo logrado y lo que aún falta el que justifica el alcance de la reforma”, abundó.

PASO DECISIVO

Con ella, a su juicio, “damos un paso decisivo para derribar estas barreras y para desplegar el artículo 49 de la Constitución, que sitúa la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal como pilares de los derechos de las personas con discapacidad y como obligaciones jurídicas para los poderes públicos”.

En este contexto, subrayó que, con la reforma, se trata de “traducir” un “compromiso constitucional e internacional” en “garantías concretas, exigibles y plenamente alineadas con la dignidad inherente de todas las personas”.

“Esta reforma es, además, el resultado de un diálogo amplio y con un fuerte anclaje social”, prosiguió, al tiempo que celebró el “trabajo conjunto y continuo” con las organizaciones de discapacidad, del ámbito de los cuidados y con personas expertas “de referencia”.

En este punto, aseveró que este “proceso plural y participativo garantiza que la reforma se oriente a las necesidades reales de las personas, a las barreras concretas que se encuentran en el día a día y a dar respuesta a las expectativas legítimas de las personas a las que va dirigida”.

En paralelo, destacó que el “respaldo explícito” de entidades como el Cermi, junto con el “apoyo” del movimiento de personas de mayores y del tercer sector de acción social, “confirma que esta reforma responde a las demandas ampliamente compartidas por la sociedad civil”.

ESCUCHA ACTIVA

“Es, por tanto, una norma que nace de un proceso colectivo, de una escucha activa que esperamos poder reforzar aún más en la tramitación parlamentaria”, apostilló.

A este respecto, explicó que “no estamos ante una reforma retórica ni superficial, sino ante un conjunto de cambios de gran calado que abordan cuestiones muy concretas, muy cercanas a la vida cotidiana de millones de personas con discapacidad y en situación de dependencia y de sus familias”.

“Son reformas que no surgen del vacío, sino que beben directamente de las demandas de las propias personas con necesidades de cuidados y apoyos, de sus familias, de los colectivos organizados y de los agentes de la sociedad civil que llevan años impulsando y liderando estos cambios”, sentenció, consciente de que esta reforma “es de ellos” y de que la “responsabilidad” de los poderes públicos es “no solo sacarla adelante cuanto antes, sino también con el mayor consenso posible”.

Para Martínez, esta reforma “no es solo la reforma que necesitan las personas con discapacidad de hoy, es también la reforma que necesitan las personas que están naciendo hoy”. “Es la reforma que nos prepara para los retos de futuro, que garantiza que la autonomía, la inclusión y la vida en comunidad no sean aspiraciones, sino realidades para las próximas generaciones”, resolvió.

“Desde el Gobierno hemos sido diligentes en concretar el mandato constitucional de desarrollar legislativamente los preceptos recogidos en el artículo 49, pero que los derechos recogidos en este texto y las demandas históricas del movimiento de la discapacidad sean una realidad en 2026 depende única y exclusivamente de esta Cámara”, deslizó, al tiempo que ofreció “un diálogo sincero y honesto para sacar adelante esta ley y mejorarla siempre pensando en los beneficios que traerá a millones de personas con discapacidad”.