En un auto, los magistrados imponen una sanción de 1.000 euros por temeridad y mala fe al citado sindicato al plantear una medida cautelarísima (en la que no se da audiencia a la otra parte) careciendo de legitimación, tal y como ya había establecido la propia Sala de lo Social en una sentencia. El tribunal rechaza, en cambio, dar traslado al Ministerio Fiscal por la posible comisión de un delito de estafa procesal, tal y como pedía la empresa de servicios auxiliares.

El demandante había presentado la medida cautelar, en materia de prevención de riesgos laborales, solicitando la suspensión de actividades al entender que de no hacerlo “pondrían en un grave peligro, innecesario e inmediato” a los trabajadores de servicios auxiliares, unos 3.200, de la compañía, en “esta situación de grave pandemia mundial”.