El sindicato exigía que se paralizasen las entregas mientras Atendo Calidade, que es la concesionaria; la Administración local; el Ministerio de Sanidad, y la Xunta de Galicia no suministrasen Equipos de Protección Individual (EPI) a los trabajadores.

La magistrada indica en el auto que la concesionaria del servicio cuenta con unas 175 auxiliares, entre las que solo hay un caso positivo de contagio.

“Las medidas cautelares no tienen ninguna virtualidad desde el momento en que se está procediendo a la entrega de EPI en la medida de las posibilidades que existen y se siguen entregando de forma paulatina, teniendo en cuenta que existe escasez de EPI, incluso para el personal sanitario, lo que lleva a un control de su distribución”, destaca la jueza.

En el auto indica que, a partir de las instrucciones del material que deben tener las trabajadoras, la empresa realizó el correspondiente protocolo de actuación. Recuerda, además, que en las circunstancias actuales “no es posible suspender la ayuda a domicilio, pues solo sería en caso de auxiliares o usuarios contagiados, teniendo en cuenta que la atención de personas mayores es un servicio esencial”. Contra el auto cabe presentar recurso de reposición en el plazo de tres días.