En una carta de 21 páginas dirigida este miércoles a los Gobiernos e instituciones financieras internacionales, Bohoslavsky indica que las inversiones públicas deben también procurar llegar a las pequeñas y medianas empresas, crear empleo sostenido a largo plazo, todo ello priorizando los derechos humanos y promoviendo una economía más verde.

"Algunos actores promueven un enfoque que consiste en ‘salvar la economía’ a cualquier costo, incluso poniendo en riesgo la salud y la vida de la mayoría de sus poblaciones. Este enfoque a menudo va acompañado de una falta de esfuerzos serios para reducir las desigualdades. En esos términos, ‘salvar la economía’ significa priorizar el beneficio de una determinada élite”, señaló el experto a través de un comunicado.

Bohoslavsky afirmó que los pagos de deuda privada deben suspenderse para las personas que se encuentran financieramente afectadas por la crisis sanitaria y que durante este periodo esos préstamos no deberían devengar intereses.

“Medidas que incluyan la transferencia incondicional de efectivo para mantener un adecuado nivel de vida, la provisión de refugios de emergencia y la prohibición de desalojos y cortes en los servicios de electricidad y agua deben ser considerados inmediatamente”, dijo el experto.

“Las lecciones de la crisis financiera de 2008-2009 nos ofrecen una ventaja para afrontar los desafíos actuales y futuros. Sabemos demasiado bien cómo ese período vio aumentar el hambre, el desempleo, el incremento de los desalojos, ejecuciones, las personas sin techo, la consolidación de las desigualdades y empujó a demasiadas personas a la pobreza", añadió.

Bohoslavsky llamó a una moratoria de los pagos de la deuda soberana para los países pobres y los que se encuentran agobiados por la deuda. "La reestructuración y alivio de la deuda deben ser adoptados por todos los acreedores a fin de asegurar no sólo la sustentabilidad financiera de la deuda sino también su sustentabilidad sanitaria y social. El caso de estado de necesidad nunca ha sido tan fuerte", apuntó.

Además, indicó que los Estados deben también invertir en nutrición, vivienda, sectores educativos, y producción agropecuaria local de pequeña escala y respetuosa del medio ambiente.

"Este enfoque no impide que los Gobiernos operen como pagadores de última instancia para cubrir los costos de las empresas y pagar salarios durante la crisis, si fuera necesario. Esta política sólo estaría justificada si se implementa para evitar el retroceso en los derechos humanos económicos y sociales", recalcó.