Distintas organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y CEAR habían denunciado la sobreocupación de los CETI y solicitado el traslado de migrantes a la Península, ante la imposibilidad de garantizar en ellos las medidas de aislamiento social para contagios de coronavirus. El Ejecutivo se oponía a esta petición.

Durante su comparecencia parlamentaria esta tarde en la Cámara Baja, Escrivá afirmó que se están buscando soluciones para resolver este exceso de población en el CETI", algo que la semana pasada el Gobierno rechazaba.

"Hay algunas personas que no se quieren mover, y otras tienen un régimen de internamiento muy particular que no lo permite". "No es un tema fácil", admitió, pero "estamos buscando alternativas, como la estancia en familias". En cambio, indicó que el CETI de Ceuta "no sufre esta misma congestión" y no es preciso desplazar a ningún interno.

SISTEMA DE ACOGIDA

Escrivá destacó que el 15% de las plazas del sistema nacional de acogida para solicitantes de protección internacional "están bloqueadas" de cara a la posibilidad de tener que poner en marcha medidas de aislamiento ante posibles casos de Covid-19. "De momento ha habido muy pocos casos", aclaró, pero "hemos tomado estas medidas de prevención".

Además, informó de que 250 inmigrantes retenidos en los CIE y puestos en liberttad por la imposibilidad de ser devueltos a sus países de origen han sido acogidos en recursos de este sistema, ya que no disponían de ningún otro alojamiento durante la cuarentena.

Igual que en ocasiones anteriores, Escrivá consideró que la capacidad del estado en este terreno es "muy limitada", pues "muchas veces descansa en organizaciones del tercer sector".

A su juicio, "es necesario aumentar los recursos de acogida disponibles" y, de hecho, la secretaría de Estado de Migraciones había empezado a trabajar en la habilitación de edificios públicos en desuso.

Del mismo modo, el ministro abogó por "darle una vuelta considerable a la Ley de Extranjería", que en su opinión "es muy antigua". "Lo ideal sería conseguir una migración regular, en vez de tantas regularizaciones sobrevenidas" de manera extraordinaria.

Sin embargo, opinó que tal reforma "requiere un consenso entre todos, y ha de darse en condiciones de mucha mayor serenidad". Escrivá respondía así a las peticiones de derogación de la Ley de Extranjería y de regularización extraordinaria de migrantes, planteada por algunos partidos y por ONG para que los derechos de protección ante la crisis del coronavirus "no estén ligados al trabajo, sino a la vida".

Asimismo, destacó la suspensión de todos los plazos administrativos en los procesos de renovación, a fin de que "nadie caiga en una situación de irregularidad sobrevenida en estas circunstancias excepcionales".

PERSONAL SANITARIO

En cuanto a los trabajadores sanitarios, Escrivá recordó que se ha flexibilizado la reincorporación de profesionales jubilados, "manteniendo la pensión que percibían".

También se han agilizado los expedientes para acelerar la autorización de residencia y trabajo a profesionales del sector sanitario extranjeros en situación regular", priorizando aquellos cuyo trámite ya estaba abierto antes de la entrada en vigor del estado de alarma. Gracias a esta última medida, cerca de 400 trabajadores sanitarios ya cuentan con las autorizaciones necesarias para ser contratados.

El ministro se refirió finalmente a otras medidas migratorias, como la flexibilización de la contratación en el sector agrario -se permitió la incorporación de jóvenes de terceros países entre los 18 y los 21 años en situación regular-, o la prórroga hasta el 30 de junio y sin ningún trámite adicional de los permisos de residencia y trabajo para aquellos migrantes que así lo precisaran.

Además, se procedió a prorrogar las autorizaciones de trabajo y residencia de las 7.028 temporeras marroquíes que llegaron a Huelva antes del establecimiento de restricciones en la frontera, concluyó.