Según informó este viernes el CGE, el Ministerio de Sanidad ha emitido una nueva orden para modificar otra vez los plazos para las evaluaciones anuales y la evaluación final de todos los residentes sanitarios. Todo ello se enmarca dentro de las medidas para luchar contra los estragos del Covid-19 para lo que se reclutó a los enfermeros y médicos residentes para incorporarlos a la atención a pacientes con Covid-19 aunque no hubieran finalizado el periodo de residencia.

Esto se ejecutaría mediante la prórroga de sus contratos -con un sueldo sensiblemente menor al que percibirían trabajando de enfermera generalista- "cuando lo justo y razonable sería que se adecuasen al trabajo y las funciones a realizar. Conviene no olvidar que esas enfermeras que han superado un durísimo examen para poder acceder a la especialidad se van a poner al servicio de la Sanidad pública siendo ya enfermeras graduadas y generalistas, en aquellas áreas donde se estime más oportuna su presencia para enfrentarse a la mayor amenaza sanitaria de nuestra historia reciente".

Y todo ello, "sin los medios materiales necesarios en algunos casos y expuestos a un contagio que ya se ha cobrado muchas vidas", según afirmaron desde el CGE.

La Organización Colegial de Enfermería puntualizó que ha peleado porque las condiciones de contratación de esas enfermeras y enfermeros sean equiparables al resto de sus compañeros, con las mismas condiciones laborales y retributivas que el resto de enfermeras generalistas, algo lógico y merecido.

Es por ello por lo que la Enfermería española reclama al departamento que dirige el ministro Salvador Illa que de una vez por todas resuelva y aclare las situaciones concretas derivadas de estos contratos, incluyendo las funciones que de forma efectiva se vengan realizando y el correspondiente abono por las mismas.