Montero rindió esta explicación durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser cuestionada sobre la demanda de la Fundación para el Análisis de los Estudios Sociales (FAES), que lidera el expresidente del Gobierno José María Aznar, de que sea una prestación transitoria ligada a “la necesidad y a la búsqueda efectiva de empleo” ante la situación creada por el Covid-19.

Frente a la propuesta de FAES, Montero defendió que el Gobierno apuesta por una renta mínima vital permanente mientras dure la vulnerabilidad. “Nosotros consideramos que las familias que no tienen ningún tipo de ingresos, sea con motivo de la agudización de las condiciones laborales, de la pandemia o no, tienen que tener protección por parte del Estado y garantizar unos ingresos mínimos que les permitan sobrevivir, llegar a final de mes”, abundó.

Sin embargo, demandó cautela en cuanto al debate abierto sobre su utilización explicando que el Gobierno quiere que “la mayor parte de los ciudadanos puedan tener un trabajo digno, incorporarse al mercado laboral en las mejores condiciones posibles y sin que exista precariedad”.

Su motivación sería, por tanto, la de compensar cuando falla dicha situación laboral en momentos “puntuales”, cuando esas familias “no tengan ingresos provenientes del rendimiento de su trabajo”. “Todos los ciudadanos y personas que reciben el ingreso mínimo vital evidentemente lo quieren y desean es poder tener trabajo digno que les permita poder ganarse la vida y llevar los recursos a sus familias”, zanjó.

La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, explicó a su vez que se trata de un compromiso programático del Gobierno que “lidera” el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y que se enmarca dentro de la decisión del Gobierno de proteger a la población más vulnerable.

Según detalló, el Ejecutivo lo aborda además ante las “constantes recomendaciones y comentarios” de organismos internacionales sobre la “falta de efectividad” de los mecanismos de distribución de rentas existentes, que se refleja en una “prevalencia de la pobreza infantil” que consideró “inaceptable en un país como el nuestro”.

La ministra eludió anticipar cuál podría ser su coste para el erario al estar aún en marcha los trabajos de estudio sobre la futura prestación y porque se tratará además de un complemento a rentas similares que ya tienen algunas comunidades autónomas.

Al respecto refirió que su diseño es complejo ya que requiere “una buena identificación de los beneficiarios” y un trabajo para evaluar aquellas rentas ya existentes junto a las comunidades autónomas, además de en coordinación también con la Agencia Tributaria, los agentes sociales para “que se articule de la mejor manera posible”.