En España existen aproximadamente unas 5.457 residencias, públicas y privadas. En el ejercicio de su función, la Fiscalía ha tratado de no entorpecer la primordial actividad socio-sanitaria de los diferentes establecimientos. La información de que dispone la Fiscalía General se actualiza semanalmente.

Aunque por el momento no están tipificados los delitos que se podrían atribuir en caso de detectarse irregularidades en esos centros residenciales, fuentes fiscales aventuran que los hechos pueden constituir delitos de homicidio imprudente, abandono o malos tratos.

Actualmente, el Ministerio Público mantiene abiertas un total de 121 diligencias civiles que se enmarcan en la labor tuitiva del Ministerio Fiscal en relación con el amparo de los derechos individuales y colectivos de las personas en situación de vulnerabilidad.