Por tanto, el Alto Tribunal confirma su procesamiento. Tanto Jové como Salvadó están acusados por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos por su participación en la organización del referéndum ilegal de 2017.

Según informó el TSJC, la Sala Civil y Penal desestima los recursos de reforma interpuestos por los dos diputados con su procesamiento dictado en auto de 27 de febrero. Ambos esgrimieron que sus derechos fundamentales habían sido vulnerados.

Esta decisión puede tener efectos sobre el proceso negociador del Gobierno central con el de la Generalitat, puesto que Jové es uno de los integrantes de la mesa como negociador en nombre de ERC.

Además, la magistrada instructora les impone como medida cautelar la obligación de personarse mensualmente en el juzgado más cercano a su domicilio, la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del país. También una fianza de responsabilidad civil de 2,8 millones de euros a Jové y de 1,6 millones para Salvadó.