En un comunicado, los técnicos señalaron que entre las principales medidas que contribuirían “a frenar la sangría” en la recaudación destaca la lucha contra el fraude, por lo que instan al Gobierno a enviar al Congreso y tramitar por el procedimiento de urgencia el proyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude.

En este sentido, Gestha destacó que dicha ley permitirá bajar el límite general de pagos en efectivo a 1.000 euros y el de la inclusión en la lista de morosos a 600.000 euros, incluyendo a los responsables solidarios de esas deudas, y otras medidas de colaboración internacional, con las que podrían recaudarse 828 millones adicionales.

No obstante, Gestha demanda “más ambición” a la hora de incluir la responsabilidad solidaria de asesores e instituciones financieras que diseñan o colaboran en los entramados societarios fraudulentos y en los esquemas de planificación fiscal abusiva, así como para aumentar la prescripción tributaria de los cuatro a los diez años, equiparándola a la de los delitos agravados contra la Hacienda Pública para que sea posible investigarlos y denunciarlos a la Fiscalía.

En concreto, los técnicos de Hacienda señalan como principales responsables de la evasión a los grupos empresariales, que con un aumento de beneficios del 40,5% desde 2006, ingresaron un 39,4% menos que hace 13 años. A este respecto, desde Gestha añaden que la carga real del Impuesto de Sociedades en estos 13 años es menos de la mitad de lo que soportan las pymes.

Por ello, pide a la Agencia Tributaria que “desplace la lupa del control tributario de autónomos y pequeñas empresas que están padeciendo la crisis por el confinamiento hacia el control de los conglomerados empresariales, multinacionales y personas con grandes fortunas”.

Asimismo, Gestha también pide al Ejecutivo que mejore el anteproyecto de ley antifraude, incluyendo el aumento de las funciones y responsabilidades de los técnicos de Hacienda para evitar que los futuros impuestos sobre las transacciones financieras, sobre determinados servicios digitales y el catálogo de nuevos impuestos medioambientales “se diluyan en los desagües de la evasión”.

Por otra parte, el sindicato también considera “inaplazable” que los técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) auditen la eficiencia del gasto público previsto en el corto y medio plazo, destacando que “las ventajas del análisis de la eficiencia del gasto se han demostrado” con los informes ‘spend review’ realizados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).