Así lo atestiguaron a Servimedia fuentes de la formación nacionalista, que ya fue decisiva el miércoles pasado, junto a Ciudadanos, para sacar adelante la cuarta prórroga del estado de alarma. Lo hizo a cambio de que el Gobierno se comprometiera a una suerte de "cogobernanza" en la gestión de la desescalada.

Dicho acuerdo permitió que el País Vasco pase en bloque a la fase 1 de desconfinamiento y varias peculiaridades en las actividades que se pueden o no realizar en esa comunidad a diferencia de en las demás. Por ejemplo, allí no se autorizan las reuniones de hasta 10 personas en un domicilio, como sí ocurre en otras zonas que también han pasado a la fase 1.

"En principio votaremos a favor. No estamos con todo de acuerdo, como la habilitación judicial de agosto, pero sí con otros asuntos y con la interlocución que ha mantenido el Ministerio con las comunidades autónomas y con los grupos", puntualizaron las fuentes consultadas del PNV.

A diferencia de este partido, no quisieron adelantar su posición de voto las fuentes consultadas por esta agencia de Vox, ERC, Ciudadanos, Junts ni EH Bildu. La CUP sí anunció en una nota de prensa su voto en contra. El PP ya se mostró contrario al decreto cuando se llevó al Consejo de Ministros.

El decreto pretende diseñar una red legal ante las “posibles consecuencias” que en los tribunales tenga las medidas de todo tipo que han debido tomarse para hacer frente al coronavirus en España.

“La Administración de Justicia ha sufrido una ralentización significativa como consecuencia de la crisis del Covid-19, por lo que se hace necesario adoptar el presente real decreto-ley que tiene por finalidad, además de otras más concretas, procurar una salida ágil a la acumulación de los procedimientos suspendidos por la declaración del estado de alarma cuando se produzca el levantamiento de la suspensión”, apuntaba el texto.

Con este fin, el decreto recoge una serie de medidas urgentes para evitar el colapso de los juzgados durante los próximos tres meses. Para ello, se contemplan soluciones como habilitar gran parte de agosto en los juzgados, agilizar los procesos de familia y los vinculados a expedientes de regulación de empleo y posibles quiebras, y la celebración telemática de las actuaciones procesales, como norma general, aunque los juicios penales serán presenciales, ya que la presencia del acusado es obligatoria.

Otros aspectos son que la atención al público en cualquier sede judicial se realizará por vía telefónica o a través del correo electrónico para evitar contagios, algo por lo que también se dispensa a las partes de usar las togas en las audiencias públicas.