A esta cifra hay que sumar los ciudadanos que fueron atendidos personalmente: 17.402, de los cuales 2.501 fueron presenciales y 14.901 por teléfono.

Según reflejó el Defensor en una nota, además, formuló a las administraciones un total de 1.551 resoluciones, de las cuales 574 fueron recomendaciones, 490 sugerencias, 478 recordatorios de deberes legales y 9 advertencias.

Con ello, el Defensor tramitó casi 3.000 expedientes más que el año anterior. En 2019, el Defensor presentó dos recursos ante el Tribunal Constitucional. Uno contra un apartado de la Ley Electoral que permitía a los partidos políticos recabar datos personales de los ciudadanos para hacer perfiles ideológicos, y otro contra la Ley de Caza de Castilla y León. A lo largo de su historia, el Defensor del Pueblo ha presentado 31 recursos de inconstitucionalidad ante al Alto Tribunal.

Madrileños (5.751 expedientes), andaluces (2.429), valencianos (2.167) y catalanes (1.915), por este orden, lideraron el número de quejas recibidas en la Institución.

Según manifestaron fuentes de la institución a Servimedia, la entrega del informe no se ha hecho de forma personal como en otras ocasiones sino que, debido a las medidas de prevención por la pandemia del Covid-19 se ha enviado directamente a los registros del Congreso y del Senado.

Las quejas recibidas en 2019 continúan la estela de otros ejercicios y reflejan una demanda social según la cual sigue siendo necesario que las administraciones aumenten los medios humanos y materiales sin los cuales no se pueden ofrecer servicios públicos de calidad.

Este 'Informe Anual 2019' se presenta en 2020, en un momento en que todo, la sociedad, la economía, la vida, se está viendo profundamente alterado por la crisis del coronavirus.

En opinión de Fernández Marugán, “algunas de las resoluciones formuladas a las administraciones por el Defensor del Pueblo en 2019 pueden verse ahora, en esta situación inédita que estamos viviendo, fuera de contexto o pertenecientes a un mundo que tardaremos en recuperar”.

Sin embargo, según apunta el Defensor, otras de nuestras recomendaciones y sugerencias pasadas, “tienen ahora más actualidad que nunca, ya que algunas carencias del pasado se están dejando ver en esta crisis con una mayor intensidad”.

Así, ha citado como ejemplos la situación de las residencias de ancianos o la necesidad de crear una renta mínima de inserción social de ámbito estatal.