José López-Tafall, director general de la patronal, dijo en un comunicado que “la ley era muy necesaria, pues configura un marco nacional a nivel normativo y fija los objetivos de largo plazo”.

“A su vez, es el punto de partida para empezar a diseñar las herramientas necesarias para convertir esos objetivos en realidades”, señala Anfac.

A su juicio, aunque esta ley no se refiere exclusivamente al sector del transporte, la movilidad sostenible y el despliegue de puntos de recarga representan uno de los capítulos relevantes de la ley y plantea un marco de descarbonización progresiva, en línea con las políticas que está llevando la Unión Europea de fijación de límites progresivos para la reducción de emisiones de CO2 y contaminantes.

Para Anfac, la inexistencia de prohibiciones taxativas y la generación de un horizonte de trabajo progresivo y alineado con Europa son positivas, porque “contribuyen a la innovación en las diferentes tecnologías y permiten generar una hoja de ruta clara”.

La asociación considera necesario comenzar a trabajar cuanto antes en diseñar y acordar las medidas activas de política económica y medioambiental que servirán para poner en marcha esta hoja de ruta, medidas que se tomarán, según este proyecto de Ley, “previa consulta con el sector”.

También cree imprescindible que estas medidas estén coordinadas y promuevan ahora la recuperación del sector, en este entorno de crisis por el coronavirus, en línea con el plan de choque de medidas específicas y coyunturales que reclama la automoción.