El acusado fue interceptado cuando intentaba pasar siete kilos de hachís por Ceuta, hechos por los que fue condenado a tres años y cuatro meses de cárcel por el Juzgado de lo Penal ceutí como autor de un delito contra la salud pública.

En abril de 2019 la Subdelegación de Gobierno de Segovia, provincia en la que cumple condena, ordenó su expulsión. El traficante recurrió y el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 de Segovia confirmó la decisión de la Subdelegación.

Ahora, sin embargo, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León considera que no existe una amenaza determinante de la expulsión y que el recurrente tiene un evidente arraigo laboral y social, pues lleva viviendo en España más de 18 años.