Así se refleja en sendas proposiciones no de ley registradas esta semana por los populares en la Cámara Baja, en las que solicitan al Ejecutivo la desescalada en estos dos ámbitos, recomendando para ello la elaboración de protocolos sanitarios.

Por un lado, el Grupo Popular registró una proposición no de ley en la que reclama la reapertura de los gimnasios y el diseño previo de “un protocolo sanitario especial de reapertura de instalaciones deportivas privadas (gimnasios privados), concretando los recursos necesarios de protección personal ante los posibles contagios por Covid-19, tanto materiales como personales”, y facilitar la reapertura de dichas instalaciones “adaptando a sus singulares circunstancias la normativa laboral y fiscal vigente”.

Con dicha iniciativa, el PP insta además al Gobierno a “diseñar y poner en marcha una campaña de información institucional en la que se promuevan los hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte, dirigida a la sociedad en general y, en especial, a la población infantil, población con enfermedades crónicas o afectados por el sedentarismo”.

La exposición de motivos de dicha iniciativa recuerda que, antes de producirse su cierre temporal con motivo del estado de alarma, España contaba con más de 4.000 instalaciones deportivas privadas, con 5,5 millones de usuarios y una facturación anual de 2.000 millones, con 214.000 empleos vinculados y 34.529 empresas que tenían el deporte como actividad principal.

CENTROS PENITENCIARIOS

Por otro lado, el PP reclama acordar con los trabajadores de los centros penitenciarios un protocolo específico para la desescalada, así como dotarles “de equipamiento eficaz durante la pandemia”.

En este sentido, propone que el protocolo incluya, “como mínimo, la realización de test PCR y test serológicos a todos los trabajadores penitenciarios; colocar mamparas y termómetros para su protección; flexibilidad horaria para dichos trabajadores mientras se produce la desescalada; desinfección diaria de las dependencias y suministro de mascarillas FFP2, guantes de nitrilo, pantallas, batas y geles hidroalcohólicos en todos los puestos de trabajo”.

Para el PP, “la orden ministerial de Interior del 12 de abril, de flexibilización de medidas provocadas por la crisis del Covid-19, denota una gran imprudencia y un claro desconocimiento de la realidad penitenciaria”.

Asimismo, los populares consideran “más necesario que nunca” que el Ejecutivo declare la condición de Agente de la Autoridad para los funcionarios de prisiones, “pues necesitan más que nunca de esta especial protección en el ejercicio de sus funciones”.