La comunicación se acompaña de la exposición razonada del instructor de la causa en el Supremo, en la que se relacionan los hechos objeto de la causa que podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

El pasado 22 de mayo, la Sala II del Tribunal Supremo acordó la petición del suplicatorio al Congreso de los Diputados para continuar el procedimiento penal contra Borràs, a quien abrió una causa el pasado mes de diciembre por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

A este efecto, el presidente de la Sala II, Manuel Marchena, dirigió ya un oficio al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para que trasladara el suplicatorio para proceder contra Borràs a la presidenta del Congreso de los Diputados, trámite que se ha culminado hoy

La exposición razonada corrió a cargo del magistrado de la Sala II Eduardo Porrés, que es quien ha instado el suplicatorio. Dicho juez citó para el pasado 14 de febrero en el Supremo a Laura Borràs para prestar declaración voluntaria, en calidad de investigada en la causa, tal como la ley le permite, pero la diputada optó por no acudir a la citación. A raíz de ello, el instructor preparó la exposición razonada para pedir su suplicatorio.

La Sala Segunda del Supremo abrió el pasado 17 de diciembre la causa a la diputada Borràs Castanyer para investigar los indicios de diversos delitos apreciados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, que elevó al Supremo una exposición razonada.

El Supremo destacó entonces que los hechos descritos en la exposición razonada enviada por el Juzgado de Barcelona y atribuidos a la persona aforada “podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental”. El tribunal extendió su competencia, además de a Borràs, a Isaías Herrero Florensa, por la inescindible conexión inicialmente apreciable entre la conducta que se le atribuye a esta persona y la que se imputa a la aforada.

Según la investigación del Juzgado de Barcelona, que se recoge en la exposición razonada del magistrado Eduardo de Porres dirigida al Congreso, hay indicios racionales de que durante los años 2013 a 2017, la ILC adjudicó 18 contratos menores por importe total de 259.863 euros, de forma directa o indirecta a través de sociedades, a Isaías Herrero, con quien Borràs, entonces directora del Instituto, mantenía una relación de amistad.

Esa versión señala que Borràs y Herrero habrían actuado de común acuerdo mediante el fraccionamiento ilegal de esos contratos y la falsificación de los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, simulando la participación de terceras personas independientes.