Según informaron ambas organizaciones de manera conjunta, plantean que el cese de actividad se extienda en las actuales condiciones hasta el 30 de junio, y a partir de esa fecha lo haga bajo otras condiciones.

En concreto, cuando la actividad del autónomo se vea afectada por cualquier restricción por las medidas sanitarias o sus ingresos se reduzcan, al menos, en un 75%en el segundo trimestre respecto al primero, el cese extraordinario de actividad se extenderá hasta el 30 de septiembre, con una exoneración del pago de la cuota de la Seguridad Social del 75% y solicitándola dentro de los diez primeros días hábiles de julio ante la mutua correspondiente.

En caso de mantenerse las condiciones para seguir percibiendo la prestación, proponen que se extienda por otro trimestre, hasta el 31 de diciembre, con una exoneración de cuota inferior, del 50%, pero con un procedimiento automático.

Plantean que las extensiones sean por periodos trimestrales con el fin de facilitar a las mutuas el control del cumplimiento de los requisitos en cuanto a la reducción de ingresos a través de las declaraciones trimestrales de tributos.

Por otra parte, ATA y UPTA consideraron que “una misma actividad dista mucho de tener la misma casuística que otra en función del territorio y el entorno” y que “más allá de casos muy concretos” citando el de los autónomos de temporada, referenciar la continuidad de la prestación a la actividad de la que se trata “podría no dar solución a las necesidades específicas de las diferentes tipologías de negocios”.

“Esta propuesta parte de la convicción de la necesidad de mantener dicha ayuda esencial para el sostenimiento de los autónomos y sus negocios en España”, destacaron en el comunicado conjunto.