Así lo establece el real decreto ley con medidas relacionadas con el Covid-19 que aprobó este martes el Consejo de Ministros y en el que se levantan las limitaciones al cambio de operador que se decretaron con el estado de alarma para reducir riesgos de contagios en las gestiones de portabilidad a clientes y técnicos de las operadoras.

El decreto aprobado este martes incluye un procedimiento que facilita a los abonados satisfacer las facturas pendientes de un modo flexible.

El plazo para realizar los pagos fraccionados será de seis meses, salvo que el abonado haya acordado libremente con el operador un plazo diferente y no se podrán devengar intereses de demora ni se exigirán garantías para el fraccionamiento y aplazamiento.

Una vez que entre en vigor el real decreto-ley aprobado este martes, solo permanece la obligación extraordinaria para los operadores de no interrumpir las comunicaciones electrónicas, al tratarse de servicios esenciales, hasta que se dé por finalizado el estado de alarma, incluso en el caso de abonados que no hubieran procedido al pago.