Suárez Jodana remite al instructor del caso Villarejo un documento de ocho páginas en el que argumenta en respaldo de la petición que ya hizo en un escrito anterior fechado el 8 de mayo pidiendo la práctica de nuevas diligencias relativas a la pieza separada número 9 del `caso Tandem´, sobre la actuación del BBVA en relación a Ausbanc.

En concreto solicita la declaración en calidad de investigados de Ignacio Moliner, exdirector de comunicación del BBVA, Pablo García Tobin; actual dircom del banco; Juan Carlos Pérez Moreno, directivo de la entidad y de un comisasrio de policía, que identifica con las siglas S. A., a quien implica en una comida con Francisco González en las instalaciones del barrio de Canillas donde se urdió presuntamente la estrategia para atacar a la asociación liderada por Luis Pineda.

La pasada semana, el juez del caso Villarejo requirió información a una decena de entidades bancarias con el objeto de conocer “la completa trazabilidad” de los fondos abonados al excomisario por el BBVA, y que se calcula se elevaron a un total de 10.284.689,30 euros en los años que duró la relación con el banco.

En una providencia, el magistrado de la Audiencia Nacional requirió a esas entidades bancarias para que con “carácter urgente” en un plazo de 7 días hábiles, “por tratarse de causa con preso”, identifiquen “las cuentas bancarias o cualquier otro producto comercializado, incluso cajas de seguridad” de las que sean titulares o hayan sido -porque estén canceladas- Villarejo, su esposa o su socio en la empresa Cenyt, el abogado Rafael Redondo.

Existe constancia por escrito de la contratación de los proyectos que Villarejo hizo para el BBVA, a excepción del bautizado como PIN bajo el que se habría espiado al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, por lo que la Fiscalía cree se pagó mediante “alguna de las facturas emitidas durante los períodos de vigencia del citado proyecto”.

Dentro de esta batalla legal, el que fuera número dos del Ausbanc contraataca ahora con este escrito fechado el 22 de mayo en el que rebate la posición que ha venido manteniendo el BBVA. Denuncia que el bando ha eliminado registro de más de 4.000 mensajes que Suárez considera que podrían ser relevante para el caso.

Esos correos quedaron excluidos de la documentación enviada al juzgado en virtud del informe `forensic´ que encargó el BBVA para esclarecer los sucedido con los contratos con Villarejo. El autor de ese informe, dice el escrito, “reconoce la censura impuesta en la búsqueda de datos y la defensa a su análisis no deja de ser una ironía, desde el momento que se solicitan eliminar etiquetas de búsqueda o palabras clave, que hubiesen sido fundamentales para un rápido esclarecimiento de los hechos”. Y concluye que “si ocultar del caso 4.500 menciones a Pineda y Ausbanc del sumario no es manipulación, tendrá probablemente otro calificativo más grave”.

Insiste en que la tertuliana y abogada Monserrat Suárez Abad trabajaba a sueldo del BBVA y aporta como prueba una noticia en la que se afirmaba que el banco le había rescindido el contrato por criticar al Rey, que nunca fue desmentida por la entidad. Pineda ya arrojó sospechas sobre la participación de la abogada, que representó a Ausbanc durante un tiempo en la trama para destruirle.

El juez reconoció el pasado 18 de febrero la condijo de perjudicado a Luis María Suárez Jordana en la pieza 9 de `caso Tandem´ sobre los trabajos de información y espionaje encomendados por el BBVA al excomisario Villarejo.

En un escrito anteriormente presentado por el número dos de Ausbanc denunciaba "la participación activa por parte de los Servicios Jurídicos de BBVA a través de Eduardo Arbiu, José Manuel García Crespo, Eduardo Ortega Martín y el presidente de la entidad Francisco González Rodríguez" en la trama.

Acusa a Eduardo Ortega, director de los Servicios Jurídicos Contenciosos Corporativos, de participar “junto al presidente Francisco González en un almuerzo en el complejo policial de Canillas el día 7 de enero de 2015 junto a la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía tras la cual se decidió la redacción de una denuncia que se interpondría de forma anónima contra Ausbanc ante la UDEF (...)".

Y se refiere a la existencia de una comisión constituida por el BBVA en 2012 ante la posibilidad de que un tribunal revocase la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla desestimatoria contra Ausbanc Consumo. Según su anterior escrito, formaban parte de ella Ignacio Moliner primero y Paul Tobin posteriormente, por parte del departamento de comunicación; Eduardo Arbizu y Eduardo Ortega por parte del departamento de Asesoría Jurídica, Julio Corrochano por parte de la Dirección de Seguridad Corporativa y Joaquín Gortari por parte de Presidencia, "todos ellos bajo la dirección de Francisco González, máximo ejecutivo de BBVA (...)".