Así se pronunció en la sesión de control al Ejecutivo cuando la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs, le pidió su opinión con respecto al reciente informe de Amnistía Internacional que “concluye que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart deben ser puestos en libertad de inmediato" y reivindicó la “libertad de los presos políticos y los exiliados”.

“El informe de Amnistía Internacional le merece a este ministro, como a todo el Gobierno, la máxima de las consideraciones, como le merece la máxima de la consideraciones lo que es Amnistía Internacional en la defensa permanente de los derechos humanos”, aseguró Campo, reconociendo una “valoración enormemente positiva” del trabajo de Amnistía Internacional.

En todo caso, Campo recalcó que “estamos hablando de un caso judicial particular” y, como “se trata de un asunto penal”, lo resuelven los jueces. “Ese es el modelo en el que cree este Gobierno, en la separación de poderes”. “La calificación de unos hechos y la consecuencia de unas penas lo hacen los tribunales”, incidió.

Repitió así en varias ocasiones que “lo tribunales juzgan y hacen ejecutar lo juzgado” y que “nadie más lo puede hacer”. Llegado este punto, preguntó directamente a la portavoz de Junts si “cree de verdad que el Gobierno puede ir y abrir las celdas”. “Ese no es el sistema democrático y de derecho que nos hemos dado”, advirtió.

También recalcó que cualquier reforma de un tipo penal “es tarea del legislativo” y reconoció ante Junts que le “encanta que volvamos a hablar de la soberanía catalana” porque “estamos quizás volviendo a la vieja normalidad”. “Pero si eso significa que hemos superado el coronavirus, me doy por satisfecho. Aprendamos de la pandemia”, reflexionó.

En términos parecidos se volvió a expresar el ministro cuando le preguntó por esta misma cuestión el diputado de la CUP Albert Botran, quien enfatizó que “Amnistía Internacional hasta 7 veces ha pedido la libertad de los ‘Jordis’ y la última e estos días”. En este sentido, recordó al ministro que el Gobierno “podría promover el indulto si fuese el caso” y también la derogación del delito de sedición.

“España es un Estado de Derecho que cree en la separación de poderes”, sentenció Campo, reiterando así que “la misión del Ejecutivo no es juzgar ni hacer ejecutar lo juzgado”. “Eso lo realizan los jueces y es lo que han hecho”, añadió, para a continuación opinar que “sería necesario, con el consenso necesario, hacer una revisión desde esta Cámara de los delitos de sedición, como también de los medioambientales y otros”.