Así lo dijo la ministra durante su intervención en el Pleno del Congreso para defender la convalidación del decreto que prolonga los ERTE derivados del Covid-19 hasta el 30 de junio, los adapta según se vayan incorporando los trabajadores a la actividad y posibilita extenderlos más allá de la fecha si es necesario.

Díaz destacó que el decreto es la traslación legal del acuerdo con patronales y sindicatos que calificó de “vital para nuestro país”. Puso en valor que los agentes sociales “han logrado apartar sus legítimas diferencias y consensuar” dicha extensión de los ERTE, lo que es un “ejemplo” de “aunar esfuerzos para resolver los problemas de la ciudadanía”.

La ministra señaló que “por primera vez” en España se afronta una crisis de envergadura “sin acudir a la destrucción masiva de empleo” y consideró que la respuesta ha sido “menos anómala” con respecto a la dada en otros países europeos.

Detalló que hay 3,3 millones de personas acogidas a expedientes temporales y “cientos de miles” de empresas se mantienen “vivas” por ese mecanismo, lo que consideró “algo desconocido en nuestra historia”.

Díaz señaló que los ERTE “deben ir evolucionando hasta dejar de ser el núcleo de nuestra acción” y la causa de fuerza mayor derivada del Covid-19 “está destinada a desaparecer y debe hacerlo progresivamente a medida que se recupera la actividad”.

Incidió en que el diálogo social “en circunstancias ordinarias tiene un valor indiscutible”, pero en la situación actual de crisis “sirve para asegurar que las bases de la recuperación serán más firmes”. En este sentido, destacó que la norma a convalidar se ve reforzada por estar respaldada con ese acuerdo social.

Se refirió a la comisión tripartita creada en el decreto a debate para estudiar la evolución de cada sector y decidir en qué casos y bajo qué condiciones se prolongan los ERTE más allá del 30 de junio.

Ese órgano tripartito que se reúne hoy mismo “será fundamental, no sólo para que los ERTE evolucionen, sino también para que los agentes sociales participen de modo activo en la configuración de esta nueva y mejor normalidad”, en palabras de Díaz.

La titular de Trabajo subrayó que el decreto a convalidar supone un “ajuste transitorio” y “pretende además reflejar el modo en que se configurarán las normas estables de nuestro futuro inmediato, manteniendo en ellas la solidaridad, la protección social y la implicación pública que han inspirado las normas aprobadas durante la pandemia”.

Defendió que se promociona la reactivación del empleo al tiempo que se desincentivan “modos de actuación poco solidarios y poco consecuentes con el esfuerzo” hecho por la ciudadanía.

“Nadie duda de que la protección que los ERTE procuran no es ni debe ser incondicional”, aseveró, y añadió que el decreto “no es un punto y final”, sino que “serán necesarias nuevas medidas” específicas para cada sector y para ello, se “vuelve a confiar en el diálogo social para extender sus efectos más allá de junio”.