Campo se pronunció de esta forma en un encuentro informativo organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), en el que estuvieron también el presidente de esta entidad, José María Alonso, y la del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega.

Durante este encuentro, el ministro fue preguntado sobre si Marlaska, al cesar a Pérez de los Cobos como responsable de la Guardia Civil en Madrid, ha interferido en la investigación que sigue la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que trata de determinar si hubo algún delito en que se permitiese la marcha del 8-M en la capital cuando empezaba a extenderse el Covid-19.

A este respecto, Campo respondió con la frase “por supuesto que no” a la pregunta de si Marlaska se ha inmiscuido en el trabajo de esta juez y dijo estar “seguro”de que el titular de Interior “se ha conducido con absoluto apego a la legalidad”.

“COMPETENCIA” DE MARLASKA

El ministro de Justicia sostuvo que “la destitución o no determinados cargos del ámbito del organigrama de la Guardia Civil es una competencia del ministro del Interior, que en función de la confianza va otorgando” los puestos. Defendió que esto “no tiene que relacionarse en absoluto” con que la Benemérita en Madrid hiciera, en su papel de Policía Judicial y cuando todavía estaba al frente Pérez de los Cobos, un informe sobre la marcha del 8-M y la propagación del coronavirus.

Añadió que Marlaska y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, saben “perfectamente” que los cuerpos de seguridad cuando actúan como Policía Judicial “reportan ante el juez del que dependen”. No obstante, insistió en que está “convencido” de que en este asunto “toda la actuación del ministro de Interior está absolutamente ajustada a la legalidad”.

Al mismo tiempo, Campo declinó pronunciarse sobre que la Abogacía del Estado, que depende de Justicia, haya dicho en un recurso que la juez Rodríguez-Medel intenta hacer una “causa general” contra el Gobierno por el asunto de la marcha del 8-M y el Covid-19. El ministro señaló al respecto que no habla “de los procesos que están vivos”.

Por su parte, el presidente del ICAM, José María Alonso, opinó que en este asunto del informe de la Guardia Civil sobre el 8-M está la versión del Gobierno y la de la oposición, pero que si esta última tuviera razón “no sería aceptable” que no se hubiera respetado la figura de la Policía Judicial. Destacó que cuando un cuerpo de seguridad actúa en esta condición sólo responde ante el juez, que es a “única autoridad” al respecto.