En concreto, la Cámara Baja debatirá las enmiendas de totalidad presentadas para rechazar el proyecto por los grupos parlamentarios Popular, Vox y Ciudadanos, por lo que el texto, aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de febrero, deberá superar la votación para continuar su tramitación parlamentaria en la Comisión de Hacienda.

Cuando fue aprobado por el Consejo de Ministros, Montero explicó que la liquidación de este impuesto, conocido también como ‘tasa Google’, será trimestral, pero que, de forma excepcional en este primer ejercicio que estaría en vigor en caso de ser aprobado, se retrasará el pago al menos hasta el 20 de diciembre con el objetivo de esperar a que se alcance un acuerdo global en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el G20 y también permitir que las empresas tengan tiempo para adaptarse al nuevo tributo y hagan frente al impuesto en un único pago.

Desde que Pedro Sánchez fue investido en 2018 como presidente del Gobierno, la ministra de Hacienda ha abogado por la implantación de este nuevo impuesto, cuya creación ya defendió su antecesor con el PP, Cristóbal Montoro, al señalar que gravará actividades económicas que el actual sistema fiscal no contempla, adaptándolo a “la fiscalidad del siglo XXI” y evitando así “competencias desleales” respecto a las empresas de la economía tradicional.

En el proyecto de cuentas públicas de 2019 del Gobierno la estimación de recaudación era de 1.200 millones de euros con este impuesto, mientras que en la última estimación el Ejecutivo esperaba recaudar 968 millones de euros, coincidiendo con la previsión que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) hizo en 2018 de cara a 2019, aunque esta cifra podría verse modificada a la baja por la actual crisis económica del coronavirus.