Así lo explicó la vicesecretaria general de Política Social del PP, Cuca Gamarra, en la rueda de prensa que ofreció en la sede nacional del PP junto a la portavoz de los populares en la comisión de reconstrucción, Ana Pastor. Ambas comparecieron tras participar en una reunión del grupo de trabajo de Sanidad que presidió el líder de la formación, Pablo Casado.

“No estamos en contra del ingreso mínimo”, aseguró la vicesecretaria popular, que en todo momento aludió a la importancia de que se tramite como proyecto de ley. Por el momento, no desveló si el sentido del voto del PP será a favor o abstención y reiteró que se está “analizando en profundidad”.

A su juicio, lo que resulta “inadmisible” es “el planteamiento de que no se ofrezca en igualdad de condiciones al resto de comunidades” cuando el Gobierno “lo ve posible y ya lo ha acordado con el País Vasco y Navarra”. A esto unió que buena parte de las regiones ya están gestionando prestaciones en este sentido y entienden cómo gestionarlo.

Remarcó que el planteamiento del PP es que “todas las comunidades autónomas, si así lo consideran, tengan capacidad de decidir gestionar el IMV”, un instrumento que reconoció como “necesario” dada “la situación que estamos viviendo y sobre todo porque una democracia como la nuestra tiene siempre que articular medidas de solidaridad”.

Por tanto, Gamarra admitió que “dependerá de los matices” el voto del PP y volvió a afear al Gobierno que actúe “simple y llanamente sin escuchar a nadie y sin coordinarse con nadie” también ahora al promover este ingreso mínimo. “No podemos compartir que haya un planteamiento en el propio real decreto de que hay españoles de primera y de segunda”, reiteró.

A este respecto, Pastor reflexionó que el IMV es “una prestación necesaria en un momento como el de ahora y con tantas personas afectadas por la crisis del Covid-19”. Precisamente por ello subrayó que el PP es “partidario” de ofrecer una prestación a todas las personas que lo necesitan” aunque se quejó de la “asimetría” y llegó a preguntar al Gobierno si está pagando “un peaje” para lograr apoyos de cara a una nueva prórroga del estado de alarma.