Así lo indicaron ante el grupo de trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados de la comisión de reconstrucción tanto la coordinadora de los servicios jurídicos de CEAR, Paloma Favieres, como el presidente de la EAPN, Carlos Susías, además de la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, y la responsable de Relaciones Institucionales e Incidencia Política de Oxfam Intermón, Lara Contreras.

En su intervención, Favieres resaltó que "ninguna política migratoria se puede sostener en medidas extraordinarias". "Cada regularización extraordinaria viene a demostrar que el sistema no está ajustado", prosiguió, destacando que "cualquier medida extraordinaria debe ir acompañada de un modelo de gestión más ágil y flexible, encaminado a evitar futuras bolsas de población irregular, que tiene un gran riesgo de caer en la pobreza y la explotación".

Sin embargo, la situación actual hace imprescindible un proceso extraordinario de regularización", dijo, para que las personas extranjeras en España no queden fuera de las ayudas y del sistema de protección sanitaria y social, en línea con la campaña que impulsan más de 300 organizaciones en todo el Estado.

FLEXIBILIDAD

Favieres reclamó mayor flexibilidad en la tramitación de las renovaciones de trabajo y residencia, a fin de evitar que muchas personas caigan en situaciones de irregularidad sobrevenida por la crisis del Covid-19. También indicó que la actual situación de pandemia justificaría la adopción de instrucciones con carácter general que están ya recogidas en la Ley de Extranjería, por lo que se podrían adoptar renovaciones temporales con carácter general, con independencia de que luego se puedan tener en cuenta condiciones particulares.

"La solución con ellos no puede ser no hacer nada, subrayó el presidente de la EAPN. "Tenemos en el país decenas de miles de personas que no pueden trabajar, que no pueden tampoco ser deportadas, que no pueden seguir ningún itinerario de inserción... Es preciso regularizar su situación", exigió. Peiro y Contreras defendieron también "una regularización extraordinaria" de la población extranjera en España porque "viven aquí, trabajan aquí y también contribuyen aquí". "Sus hijos son niños que viven en España y tienen el mismo derecho a ser protegidos que los demás niños", subrayó Contreras.

Según la secretaria general de Cáritas, habría que "permitir el empadronamiento de personas extranjeras sin documentación en vigor", pues es la manera de que "el padrón municipal refleje la realidad estadística de la población de un municipio".

También pidió flexibilizar las condiciones y criterios de renovación, modificación y prórroga de las autorizaciones de residencia y trabajo de la vigente legislación de extranjería que, a su juicio, "se ha quedado anticuada".

Por otro lado, Favieres solicitó mayor flexibilidad en la contratación de mano de obra extranjera en sectores como el agrario, los cuidados, la logística, el transporte o las profesiones sanitarias y propuso rebajar a dos años el mínimo exigido para demostrar arraigo laboral (ahora son tres).

Asimismo, abogó por aprovechar el fenómeno migratorio para "luchar contra el envejecimiento de la población española" y, entre otras medidas, propuso favorecer "la reagrupación de familias en zonas de la España vaciada". "Porque siempre estamos hablando de ella, pero luego hay que aterrizar propuestas y medidas concretas". Además, defendió la migración "circular y temporal por motivos laborales", con permisos de residencia fija y discontinua (durante unos meses al año) y facilidades para el retorno.

PROTECCIÓN INTERNACIONAL

En cuanto a los solicitantes de asilo o protección internacional, pidió que se les permita acceder al permiso de trabajo en un plazo máximo de un mes, que es el tiempo que se tarda en que su solicitud sea aceptada.

Según explicó, la ley actual establece un plazo de seis meses porque, en teoría, este es el plazo en el que las solicitudes de protección internacional deberían ser resueltas. Sin embargo, "todos sabemos que no es así".

"España tiene un stock de cientos de miles de peticiones pendientes de resolver e impedirles acceder al empleo coloca a esas personas en mayor dependencia y vulnerabilidad". Además, indicó Favieres, la inmensa mayoría de los solicitantes de asilo en los últimos años son de origen latinoamericano, con lo que dominan el idioma y tienen muchas menores dificultades de inserción.

También reclamó la concesión de permisos de residencia por razones humanitarias a quienes han perdido el trabajo por la crisis del Covid-19 o a quienes deben ser repatriados porque su solicitud ha sido denegada, pero que no pueden volver por razones de seguridad sanitaria.

Los cuatro responsables pidieron a su vez el cierre definitivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la búsqueda de "alternativas" para estas personas que "la ley también prevé".

Además, Peiro reclamó mayor inversión para la atención humanitaria a migrantes y solicitantes de asilo; exigió que este tipo de centros "nunca más se vuelvan a abrir" y urgió a "erradicar las condiciones inhumanas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla".

Finalmente, Cáritas, Oxfam y CEAR exigieron una ley integral de lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual, laboral u otros fines como la mendicidad, y asegurar el derecho al paro a las trabajadoras domésticas.