El mayor número de diligencias se concentra en Madrid, donde hay 82 abiertas, y en Cataluña, con 31. Los datos compilados por las fiscalías provinciales hacen el recuento de diligencias abiertas hasta el pasado día 1 de junio.

Según la información facilitada por la Fiscalía General del Estado, de esas 14 diligencias penales nuevas, una corresponde a la Fiscalía de Área de Jerez (la única en Andalucía), una a Guadalajara, una a la Fiscalía de la Comunidad de Castilla y León, una a la Fiscalía Provincial de Burgos, otra a la de Palencia, dos a Salamanca, una a Castellón, dos a Madrid, dos en Alcalá de Henares, una en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Extremadura y una a Ferrol.

Según consta en la recopilación de datos, se ha decretado el archivo de un total de seis diligencias de investigación penal en las Fiscalías de Teruel, Palencia, Salamanca (2), y León (2), una de ellas con remisión de denuncia al Juzgado, del total de las que han sido incoadas en las fiscalías de los diferentes ámbitos territoriales, por ser algunas de ellas muy genéricas o de índole prospectiva e interpuestas por partidos políticos, particulares, asociaciones y otros.

Permanecen en trámite el resto de diligencias de índole civil incoadas en las diferentes fiscalías territoriales con el objetivo de efectuar el seguimiento de la situación de las residencias y establecimientos de mayores distribuidos por toda la geografía española.

El Ministerio Público ha recibido durante la última semana diversa información actualizada en relación con los establecimientos residenciales objeto de seguimiento, facilitando así el conocimiento puntual de las necesidades que se plantean en ese ámbito en relación con la actividad tuitiva del Ministerio Fiscal.

Además de las diligencias e investigaciones por la vía penal, la Fiscalía también mantiene activa su labor de supervisión en torno al estado en que se encuentran los mayores y personas con discapacidad en las residencias con un total de 191 diligencias y expedientes abiertos por la vía civil. La pasada semana, esas diligencias sumaban 190.

Los datos ofrecidos por la Fiscalía se distribuyen en tres bloques: las diligencias civiles y tuitivas cuya información ha sido recabada por el Fiscal de Sala Delegado para la protección y defensa de los derechos de las personas mayores y la red de fiscales especialistas desplegados en las Fiscalías Provinciales; las diligencias penales, para los casos en los que se haya podido incurrir en algún delito, y las judiciales incoadas hasta el momento por distintos juzgados, que ascienden a 22 en todo el territorio nacional.

Según los datos facilitados por la Fiscalía General del Estado, han sido archivadas dos diligencias de índole civil en Alcoy, tras haber comprobado que no se produjo desatención, desamparo o irregularidades en las residencias objeto de seguimiento. Además, se incoan tres nuevos expedientes civiles para seguimiento de la situación en determinados establecimientos residenciales en las Fiscalías de Cádiz, Alicante y Murcia.

Permanecen en trámite el resto de diligencias de índole civil incoadas en las diferentes fiscalías territoriales con el objetivo de efectuar el seguimiento de la situación de las residencias y establecimientos de mayores distribuidos por toda la geografía española.

En estas actuaciones se solicita y recibe información actualizada de forma permanente respecto de la situación en los establecimientos residenciales, además de facilitar el conocimiento puntual de las necesidades que se plantean en ese ámbito en relación con la actividad tuitiva del Ministerio Fiscal.

El Ministerio Fiscal recaba también los datos oficiales disponibles y efectúa el seguimiento especial de estos procedimientos judiciales en atención a la particular vulnerabilidad de las potenciales víctimas. En concreto se hayan judicializadas 22 diligencias en Madrid, Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Murcia.

Hay residencias investigadas por diversas comunidades. En concreto 82 están en la Comunidad de Madrid y otras seis en distintos juzgados. La segunda comunidad con más residencias investigada es Cataluña, con 31 en total y tres diligencias en los juzgados. Por detrás se sitúan Castilla-La Mancha (18) Castilla y León (19); Galicia (15); Extremadura (5); Baleares (1); Andalucía (1); La Rioja (1), Aragón (1) y Valencia (1).