Escrivá realizó estas declaraciones durante este encuentro organizado por Nueva Economía Fórum, donde aseguró que la nueva ayuda aprobada por el Gobierno y que ha entrado en vigor el 1 de junio está "contenida fiscalmente".

Señaló que la prestación por hijo a cargo sin discapacidad o con una discapacidad inferior al 33% será incompatible con el IMV, por lo que "habría que deducir" esta cantidad del gasto total de la Seguridad Social. En cambio, se mantiene si el menor tiene una discapacidad igual o superior al 33%.

Por ello, de los 3.000 millones de euros que supondrá esta medida al año, habría que descontar esos 600 millones por familiar a cargo que "quedarán incluidos, y "alguna otra más", explicó el ministro. Subrayó que "estamos ante una medida socialmente moderna, porque es muy focalizada".

A lo largo de los años, hemos aprendido que a veces se han puesto en marcha prestaciones sociales muy generalizadas" en las que el gasto público resulta "poco eficaz, porque no llega a los colectivos que lo necesitan".

EMPLEO

Escrivá rechazó la idea de que esta nueva medida desincentive la búsqueda de empleo y subrayó que incluye toda una serie de itinerarios de inserción social y laboral que la complementan.

Incidió en que ofrece incentivos laborales, puesto que es compatible con sueldos muy bajos y, durante unos meses, los aumentos salariales (por mejora en el empleo o por aumento de jornada) no se descontarán en la misma proporción a la hora de recibir la ayuda. Esto es, si alguien que ganaba 300 euros empieza a cobrar 500, no recibirá 200 euros menos.

Por otro lado, Escrivá destacó que "los países centroeuropeos y nórdicos son los que más desarrollado tienen este tipo de prestaciones y, a la vez, los que tienen el mercado de trabajo más eficaz, con menos paro y menos economía informal.

A nivel estatal, Lo mismo sucede con País Vasco y Navarra, cuyas prestaciones "son las más eficaces" y donde menos paro hay, zanjó. A su juicio, el IMV ayudará a "que aflore economía sumergida", pues será obligatorio presentar la Declaración de la Renta.

La Agencia tributaria se encargará de cruzar todos los datos, de renta y de patrimonio, salvo en País Vasco y Navarra, que gestionarán directamente la prestación. También se perseguirá la figura del colaborador necesario, en referencia a aquella persona que ayude a esconder rentas a los solicitantes.

Con todo, insistió en su eficacia y necesidad, y apuntó que el hecho de que "algunas personas defrauden a Hacienda no significa que todos dejemos de pagar impuestos".

Además, se creará una comisión de seguimiento anual del IMV, para evaluarlo y modularlo si es necesario, de la que formarán parte tanto los ministerios afectados como las comunidades autónomas. También se pondrá en marcha un consejo consultivo con entidades sociales, empresariales y sindicatos.