En el último ‘Análisis FAES’, bajo el título ‘La simplificación regulatoria, olvidada en los planes de reconstrucción’, la fundación de Aznar advierte de que sólo así España será capaz de “absorber mejor el doble golpe que ha sufrido nuestro sector privado, afectado primero por el coronavirus y después por la incompetencia con la que el Gobierno español ha respondido a la pandemia” del Covid-19.

El autor de este texto, Diego Sánchez De La Cruz, profesor asociado en IE y analista económico y político, sostiene que la primera reacción del Gobierno de España ante la pandemia del coronavirus “fue mirar hacia otro lado”. “Durante semanas y semanas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez rehusó tomar medidas orientadas a prevenir la propagación del patógeno”, denuncia.

A su juicio, ésta fue “una actitud irresponsable que ha terminado colocándonos en los puestos de cabeza de los ‘rankings’ internacionales de muertes provocadas por el patógeno”. En este sentido, relata que, al mover ficha, el Ejecutivo impuso un confinamiento mucho más estricto que el de otros países del entorno.

“Aunque la mortalidad se concentra en más de un 95% en la población de más de 60 años y a pesar de que muchos sectores económicos podían haber seguido funcionando gracias a medidas de prevención y adaptación, las medidas de aislamiento provocaron un cerrojazo absoluto de nuestro sistema productivo”, explica.

Según su apreciación peores han sido las continuas prórrogas del estado de alarma y “la torpeza a la hora de desarrollar una desescalada ágil y segura”, lo que ha derivado en que “las proyecciones de caída del PIB, que a finales de marzo rondaban el 5%, se muevan ahora en un escenario mucho más desfavorable, con el propio Gobierno instalado en una proyección que anticipa un desplome de la producción superior al 10%”.

“España ha reaccionado tarde y mal y también ha reabierto tarde y mal”, sostiene el autor de este ‘Análisis FAES’, para quien “el daño ya está hecho” y ahora “es importante mover ficha para desarrollar una agenda de política económica capaz de relanzar el crecimiento y minimizar los costes sociales de la crisis”.

En este sentido, recalca que la política fiscal sería “una palanca esencial en tiempos normales, pero el margen de actuación por esta vía es muy limitado, puesto que España cerró 2019 con una deuda superior al 95% del PIB y el primer aumento del déficit público desde los peores momentos de la Gran Recesión”.

En este escenario, defiende que “toca buscar oportunidades de crecimiento en otros ámbitos de la política económica” y remarca que “la mejora del entorno normativo en el que se mueven las empresas y los trabajadores parece una fórmula más necesaria que nunca”.

Sobre esta cuestión, recuerda que “la capa regulatoria se ha multiplicado por cuatro” en los últimos cuarenta años y “la unidad de mercado ha quedado fragmentada por una maraña de normas autonómicas”. “Llega, pues, el momento de echar la vista atrás y tumbar las distorsiones y trabas que, a lo largo del tiempo, han contribuido a esclerotizar nuestra economía, creando restricciones que minan la libertad económica y, por esa vía, reducen nuestro potencial de crecimiento”, propugna.

Por todo ello, aduce que “sólo con un enfoque flexible que reduzca las limitaciones aplicadas al sector privado saldremos de la emergencia sanitaria y económica de forma ágil, con mercados más pujantes y flexibles, capaces de absorber mejor el doble golpe que ha sufrido nuestro sector privado”. Todo desde la base de que este sector ha sido “afectado primero por el coronavirus y después por la incompetencia con la que el Gobierno español ha respondido a la pandemia”.